La Puya: el caso de una huelga en Guatemala que nunca duerme

El papel de las mujeres en la logística y permenanecia de la resistencia ha sido fundamental, según registran varios medios de comunicación local independientes. | Fotografía: FGER.

El promedio es de doce personas y hacen turno de veinticuatro horas cada semana.

Guatemala tiene dos características esenciales para tener materiales preciosos: la cadena volcánica y la falla de subducción. En La Puya recorre la falla tectónica del Motagua, una zona calurosa del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. El plano de mina establecido en La Puya se lleva una parte de la montaña y realiza una perforación hacia abajo para extraer arenas enriquecidas que se trasladan en sacos hacia Arizona y Nuevo México para fundirlos y sacar el producto final. El proceso de extracción deja aguas ácidas se quedan para siempre en el territorio, lo que significa una pérdida de agua pura para consumo de la agricultura. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), la minera inició la construcción en La Puya sin que tuvieran la licencia correspondiente y sin informar ni consultar a las comunidades aledañas al proyecto.

Google Maps da una idea de la proximidad geográfica entre el conflicto socioambiental en La Puya y el centro político y administrativo de Guatemala.

Según los habitantes del sector, ellos se percataron del inicio de la construcción de la mina por el movimiento de gente externa a las comunidades y por la compra de tierras. Domingo, un habitante, cuenta que los habitantes de las comunidades cercanas a La Puya comenzaron a vender sus tierras bajo engaño, pues aseguraban que iban a utilizarlas para sembrar piña y otros productos de consumo, hasta que se percataron del ingreso de la maquinaria del Proyecto Minero Progreso Derivada VII.  Esto incentivó que los habitantes cercanos a La Puya se comenzaran a reunir y a organizarse hasta que decidieron formar una resistencia pacífica en el año 2012. Lograron encerrar la maquinaria hasta que la minera solicitó ante las autoridades competentes un permiso para sacarla. Posteriormente en el año 2014, para volver a ingresar la maquinaria, la minera se escudó en el gobierno y se inauguró así una época de represión hacia la resistencia pacífica desde las fuerzas represivas del Estado guatemalteco.

La lucha de la resistencia pacífica La Puya se expandió a los tribunales de justicia y en diciembre de 2015 tras una demanda de inconstitucionalidad en contra del Proyecto Minero Progreso Derivada VII, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente las operaciones de la minera. No obstante, por un tiempo la minera siguió con sus operaciones y sacaban aproximadamente diecinueve sacos con arenas enriquecidas en un camión y otros sacos que también cargaban arenas enriquecidas en un helicóptero que hacía entre diez y doce vuelos al día, hasta que se le tomó el número de matrícula a la aeronave y se volvió a solicitar que se paralizaran las operaciones de la minera. Como una medida de presión, la resistencia La Puya exportó una mini resistencia denominada La Puyita enfrente del Ministerio de Energía y Minas. La respuesta del Ministerio fue cerrar sus oficinas durante cuarenta y cuatro días para no atender a las personas de la resistencia.

https://www.plazapublica.com.gt/

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La resistencia se organiza horizontalmente, se dividen las tareas, se asumen responsabilidades y para tomar decisiones se llegan a consensos. Está forma de deliberación les permite conciliar posturas y respetar los acuerdos alcanzados. Una de las decisiones más difíciles que se han tenido que tomar ha sido la polarización familiar. Existen familias que se han fraccionado porque una parte de la familia simpatiza con la minera e incluso trabajan en ella y, la otra parte, la rechaza rotundamente. Así como la resistencia pacífica logró unir a comunidades que antes no mantenían ningún tipo de relación también ha dividido familias por sus posiciones radicalmente opuestas.

Veintiséis comunidades de los dos municipios circundantes quedaron a las postrimerías del proyecto minero en La Puya. Las principales comunidades que apoyan a la resistencia pacífica son: Cabezal, la Choleña, lo de Reyes y San José. La mayoría de trabajadores de la minera son de la comunidad San Antonio el Ángel, en un intento de fraccionar las comunidades y lo cual ha significado un deterioro del tejido social de San José del Golfo. A pesar de ello, el impacto de la cohesión social ha sido mayor que el de la polarización, con todo y los esfuerzos de la minera de comprar a los principales líderes de la resistencia. San Antonio el Ángel es la comunidad que más consecuencias tendrán con la mina, sufrirá un mayor impacto ambiental y un deterioro en la salud de sus habitantes. La comunidad La Choleña nutre la mayor organización local, la cual es una autoformación y una auto organización, desarrollan así un propio modelo organizativo en el que todo se decide en la Asamblea General.

La minera ha intentado reducir las malas expectativas de los habitantes de los dos municipios circundantes, aportando financiamiento para la construcción de una carretera de concreto y una escuela con infraestructura de alta calidad. Desde el 2005, la empresa minera inició sus exploraciones en los terrenos del sector y ha recibido ayuda de diferentes grupos de poder, entre ellos: el Partido Patriota, Cementos Progreso, Unidad Nacional de la Esperanza y el capital transnacional. La élite nacional, del lado de la familia Novella, ha entrado al proyecto como socio y el capital financiero nacional ha entrado del lado del Banco Industrial, del lado de la familia Castellanos y la familia Leal.

El número de personas que permanecen en la resistencia pacífica varía, el promedio es de doce personas y hacen turno de veinticuatro horas cada semana. Son recurrentes noches alegres, las veladas artísticas en las que se toca guitarra, se conversa y se canta. Incluso se han celebrado cumpleaños en el espacio de resistencia. Durante estas noches llegan a compartir entre cuarenta y sesenta personas. La alegría se ha convertido en la herramienta más eficaz para enfrentar los momentos tristes que han vivido como resistencia, entre ellos, la represión y la muerte. Los integrantes de la resistencia consideran que a las organizaciones sociales de la ciudad de Guatemala les ha faltado hacer conciencia de lo que se está haciendo en la resistencia y creen que eso sería un aspecto muy motivante para ellos. También aseguran que la resistencia es pacífica porque la mayoría de personas son cristianos católicos y que aprendiendo de la experiencia del conflicto armado interno se tomó la decisión que la lucha se realizara sin violencia. Los métodos de la no violencia se han convertido en una de sus mejores armas en contra de la represión y les ha funcionado para ganar legitimidad.

El paisaje de los dos municipios circundantes a La Puya sigue intacto y únicamente ha cambiado donde se ha establecido el proyecto minero, aunque no de forma radical porque la respuesta inmediata de la población en contra de la minera. Conscientes de que, si abandonan la lucha, el paisaje será una de las principales cosas que comenzarán a cambiar, hasta destruirlo completamente.

Los integrantes de la resistencia La Puya se dedican principalmente a la agricultura, pero también se dedican a la ferretería y a la albañilería, entre otras actividades productivas. Sacrifican horarios laborales y el cuidado del hogar para poder cubrir su turno en la resistencia y poder aportar con su tiempo para proteger el territorio y la vida, por sus hijos y por los que están por nacer. Madreselva, la Iglesia Católica, CALAS, Comisiones de Derechos Humanos, la Universidad Rafael Landivar, la Universidad de San Carlos son algunas de las organizaciones e instituciones que han apoyado por muchos años a la resistencia de La Puya, desde lo espiritual hasta lo legal, para proteger todas las dimensiones de la vida de los resistentes.

Uno de los varios operativos de desalojo y represión ejercidos por la policia y sus fuerzas antidisturbios desde 2012, y la resistencia pacífica de la comunidad. | Fotografía: Prensa Libre.

Para defender a las personas que integran la resistencia se ha realizado un litigio estratégico, el cual, políticamente consiste en: acciones legales, acciones de comunicación y movilización, y acciones políticas. La capacidad de movilizar a la gente y comunicar la esencia del problema se vuelven aspectos fundamentales para proteger los derechos humanos de las personas que se oponen a la expansión del modelo extractivo, en este caso, en San José del Golfo. El planteamiento estratégico legal se basó en utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública para preguntarle al ministro sí en el caso del Proyecto Minero Progreso Derivada II se hizo o no consulta comunitaria y el ministro contestó que no, y se le preguntó al Instituto Nacional de Estadística la procedencia étnica de las comunidades asentadas en las postrimerías de La Puya para explicar que no se respetó el Derecho a las consultas comunitarias de las Comunidades Indígenas. Derivado de estos esfuerzos, el proyecto minero se suspendió y se canceló su licencia de exploración.

Ningún partido político se ha acercado a la resistencia, ellos habrían querido que fuera así, para dialogar sobre sus necesidades y su férrea oposición a los proyectos mineros que se desean instalar en la zona. La relación de las personas en resistencia con los dos alcaldes de los municipios circundantes es mínima porque ambos defienden los intereses de la minera. Eso ha provocado que la resistencia no tenga apoyo de la Municipalidad y no puedan existir acuerdos que avancen en la solución de la problemática que enfrentan. Ante esa realidad, tuvieron que conformar un comité cívico para competir por las Alcaldías, pero la fuerza política y económica de Ardolod Medrano (en otrora uno de los políticos más fuertes del área metropolitana de la ciudad de Guatemala acusado en casos de corrupción) evitó su victoria a través de compra de votos, la alteración del padrón electoral y de registros electorales falseados.

Actualmente, la minera está siendo investigada por el Ministerio Público por explotación ilegal de recursos naturales porque la empresa operó a pesar de tener una orden judicial de suspender operaciones. Cada saco de arenas enriquecidas que sacaba la empresa de forma ilegal tenía un valor aproximado de cien mil dólares de concentrado. El despojo estimado que realizó esta empresa durante esos dos meses fue de novecientos a mil doscientos millones de dólares. Esto originó una demanda para que el proyecto sea cancelado definitivamente, de lo contrario, ni La Puya ni la Puyita se moverán de donde están. Su resistencia permanecerá intacta y seguirán despiertos por la vida.