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Análisis

Bukele juega al emperador en Haití

20 noviembre, 2026 Por Matias Boglione

8 min de lectura

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Bukele juega al emperador en Haití

Durante décadas, los países pequeños tuvieron que aprender a convivir con las intervenciones de las grandes potencias. Nayib Bukele parece haber descubierto que también pueden participar del juego. | Fotografía: Patrice Noel/AP Photo/Patrice Noel.


 

 

 

Bukele encuentra una legitimidad particularmente atractiva en esta situación porque ofrece respuestas inmediatas a problemas que las instituciones llevan años sin poder resolver en Haití.

 

 

 

Un regalo para Haití

 

El 18 de noviembre, Nayib Bukele publicó un video que mostraba un ataque contra una instalación vinculada a las pandillas haitianas. Lo acompañó con un mensaje en criollo haitiano: «Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières». La fecha tenía una carga simbólica evidente porque en 1803, aquella batalla fue decisiva para derrotar al ejército colonial francés y conquistar la independencia de Haití. Más de dos siglos después, un presidente extranjero presentaba una operación militar como un gesto de liberación.

La intervención salvadoreña se intensificó a fines de octubre, después de que cuatro integrantes de su contingente militar desaparecieran durante una emboscada. Bukele respondió desplegando más de 2.000 efectivos, una movilización extraordinaria para un país de aproximadamente seis millones de habitantes. Desde entonces, las operaciones se multiplicaron y miles de haitianos salieron a las calles para manifestar su respaldo a las fuerzas salvadoreñas.

La explicación más inmediata sería que Bukele intenta exportar su modelo de seguridad, consolidar su liderazgo regional o capitalizar políticamente la intervención ante las elecciones presidenciales de febrero de 2027, en las que buscará un tercer mandato consecutivo. Probablemente haya algo de todo eso. Pero reducir el episodio a las ambiciones personales de su protagonista sería perder de vista una transformación mucho más profundo del orden internacional.

¿Qué está sucediendo en el sistema internacional para que un Estado con capacidades militares, económicas y logísticas relativamente limitadas pueda desplegar semejante operación en otro país? ¿Y las instituciones encargadas de regular estas actuaciones, incapaces de establecer sus condiciones?

 

 

Un mundo donde ya no hace falta ser potencia

 

El 19 de noviembre, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen, China, para discutir, entre otros asuntos, los riesgos nucleares y posibles mecanismos de control de armamentos. El encuentro terminó con una declaración de principios, pero sin acuerdos sustantivos sobre desarme nuclear.

Mientras tanto, miles de kilómetros al otro lado del mundo, las fuerzas de Bukele continuaban sus operaciones en Haití. La simultaneidad nos importa porque permite observar dos dimensiones de una misma configuración internacional: las grandes potencias conservan una capacidad extraordinaria para definir las reglas, mientras algunos Estados pequeños comienzan a encontrar nuevas oportunidades para ejercer poder más allá de sus fronteras.

Durante décadas, las jerarquías internacionales estuvieron estrechamente vinculadas con la disponibilidad de recursos económicos, militares y diplomáticos. Esa distribución desigual continúa existiendo, pero las alianzas estratégicas, los acuerdos bilaterales y las situaciones de crisis permiten que determinados gobiernos amplíen considerablemente sus márgenes de actuación. El Salvador difícilmente podría sostener una política exterior de estas características sin determinadas condiciones internacionales que la hacen posible.

Bukele expresa una particularidad del mundo que se está configurando; uno en el ya no es indispensable convertirse en una gran potencia para comenzar a violar las normas internacionales sin consecuencias. 

 

 

¿Democratización del intervencionismo o redistribución del privilegio de la fuerza?

 

Pero la intervención salvadoreña no algo original, aunque tenga sus propias particularidades. En 2021, Ruanda desplegó tropas en Mozambique, a solicitud de su gobierno, para combatir una insurgencia armada. También desarrolló acuerdos militares bilaterales con la República Centroafricana. Estas operaciones permitieron a Kigali consolidarse como proveedor regional de seguridad, ampliar su influencia diplomática y obtener respaldo internacional para algunas de sus actuaciones.

El caso de Kenia en Haití ofrece otro contraste. Desde 2024, Nairobi encabezó una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a las pandillas, pero la insuficiencia de recursos, personal y financiamiento comprometió seriamente su eficacia. Mientras aquella iniciativa acumulaba dificultades, Bukele consiguió desplegar en pocas semanas un contingente de dimensiones extraordinarias, aprovechando una crisis que llevaba años sin resolverse.

¿Significa esto que estamos viendo una democratización de las posibilidades de intervención exterior? Si bien la expresión es tentadora, esconde una contradicción. La capacidad de ejercer fuerza fuera del propio territorio continúa dependiendo de relaciones profundamente asimétricas. El Salvador cuenta con el respaldo político de Donald Trump, quien reconoció haber conversado con Bukele sobre Haití y haberle transmitido que hiciera lo que considerara necesario, incluso mientras funcionarios diplomáticos estadounidenses cuestionaban la falta de coordinación de algunas operaciones.

Tal vez sea mejor hablar de una redistribución selectiva del privilegio de la fuerza. Es decir, una especie ampliación de las oportunidades de intervención que sigue condicionada por las alianzas, los intereses de las grandes potencias y la capacidad de aprovechar circunstancias extraordinarias. El privilegio se extiende hacia nuevos actores, pero las jerarquías que permiten ejercerlo siguen siendo las mismas.

 

 

¿Y las instituciones internacionales?

 

La intervención también expone las dificultades de las instituciones creadas para mediar en los conflictos internacionales. Naciones Unidas autorizó una Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití, de la que El Salvador ya formaba parte, pero la mayor parte del contingente extraordinario desplegado por Bukele quedó fuera de esa estructura de supervisión. Posteriormente, las autoridades haitianas aprobaron un acuerdo bilateral de cooperación cuyos términos operativos completos no se han hecho públicos.

Por supuesto, el consentimiento del gobierno haitiano tiene relevancia jurídica y la intervención extranjera no constituye automáticamente una violación del derecho internacional. Sin embargo, ese consentimiento tampoco elimina las obligaciones relacionadas con el uso de la fuerza, la protección de civiles y la rendición de cuentas. Las preguntas sobre quién dirige las operaciones, bajo qué reglas actúan los militares y quién responde ante eventuales abusos tienen que ser transparentes.

Mientras Naciones Unidas enfrenta obstáculos presupuestarios y políticos para organizar una respuesta eficaz, otros gobiernos pueden actuar mediante acuerdos que ofrecen mayor flexibilidad, pero también menores garantías de supervisión. Las normas internacionales siguen existiendo; lo que aparece crecientemente cuestionado es la capacidad de las instituciones para garantizar su cumplimiento y evitar que los hechos consumados terminen imponiendo sus propias condiciones.

Haití, sin embargo, suma una dificultad adicional: su población necesita seguridad urgentemente. Para quienes llevan años conviviendo con secuestros, asesinatos y desplazamientos, la llegada de fuerzas capaces de recuperar territorios representa una esperanza comprensible.

 

 

La excepción permanente

 

Hay otra dimensión del fenómeno que va más allá de la política exterior salvadoreña. El Salvador está bajo un régimen de excepción desde hace casi 5 años. Bukele consiguió reducir drásticamente la violencia homicida y consolidar una popularidad extraordinaria, mientras que, al mismo tiempo, aumentaron las detenciones arbitrarias, las restricciones a las garantías judiciales y la concentración del poder.

Su candidatura para obtener un tercer mandato consecutivo, habilitada después de una reforma constitucion hecha por él mismo, y que eliminó los límites a la reelección, permite observar cómo medidas extraordinarias pueden terminar integrándose a las prácticas habituales del gobierno. La excepción deja de funcionar exclusivamente como una respuesta transitoria y comienza a adquirir una lógica de permanencia.

Cuando el estado de excepción se vuelve una técnica normal de gobierno, estamos en problemas. Y más aún cuando vemos a las sociedades actuales acostumbradas a convivir con situaciones de emergencia prolongada (guerras, amenazas terroristas, crisis económicas, violencia criminal y restricciones justificadas por la necesidad de restablecer el orden).

Quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo sea precisamente esa naturalización de la excepcionalidad. La estabilidad y el bienestar colectivo aparecen como horizontes permanentemente postergados, mientras se multiplican las decisiones extraordinarias que prometen recuperarlos. En ese contexto, figuras como Bukele encuentran una legitimidad particularmente atractiva porque ofrecen respuestas inmediatas a problemas que las instituciones tradicionales llevan años sin resolver, aunque esas respuestas puedan comprometer las garantías que deberían proteger a la población.

 

 

El privilegio de intervenir y el ¿problema? de las consecuencias

 

La operación de Bukele en Haití todavía está lejos de ofrecer un balance definitivo. Las fuerzas salvadoreñas consiguieron recuperar determinados espacios y despertar expectativas entre sectores de la población, pero resta comprobar si esos avances pueden sostenerse. El 20 de noviembre, además, se informó de la muerte de dos militares salvadoreños durante un incidente con explosivos, un recordatorio de los costos concretos de una intervención que hasta entonces había sido exhibida principalmente mediante imágenes de victorias militares.

Desplegar soldados y recuperar territorios exige capacidades muy diferentes de las necesarias para reconstruir instituciones y garantizar condiciones duraderas de convivencia. Haití acumula experiencias de intervenciones extranjeras con resultados que estuvieron lejos de resolver sus problemas estructurales. La eficacia militar inmediata, por importante que resulte para quienes padecen la violencia, difícilmente pueda sustituir un proceso sostenido de reconstrucción estatal.

Pero el interrogante más inquietante excede el futuro haitiano. Si cada vez más gobiernos encuentran oportunidades para intervenir fuera de sus fronteras, mientras las instituciones multilaterales pierden capacidad de supervisión efectiva, ¿quién establece los límites de esas actuaciones? La ampliación del número de Estados capaces de ejercer fuerza militar exterior no garantiza una distribución más equitativa del poder, ni mucho menos mejores condiciones para las poblaciones afectadas.

Durante décadas, los Estados pequeños debieron preguntarse cómo protegerse de las intervenciones de los poderosos. Ahora algunos comienzan a comprobar que también pueden intervenir, siempre que cuenten con los aliados y las circunstancias adecuadas. Quizás el problema fundamental del orden internacional que se está configurando sea que el privilegio de ejercer la fuerza comienza a extenderse más rápidamente que las instituciones capaces de establecer sus límites.