Tres politólogas y el #8M

Por Ana Tereza Duarte 

Paridad en la representación política, impacto de las migraciones con enfoque de género y, democracia directa: tres de los campos sobre los que se movieron las perspectivas de nuestro grupo de entrevistadas.

En 1908, 129 mujeres se declararon en huelga: exigían una reducción de la  jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades, y insistieron en denunciar las malas condiciones de trabajo que padecían.

En el marco de conmemoración del 8 de marzo de 2022, día de lucha global por y desde las mujeres trabajadoras, Es De Politólogos invitó a tres de las coordinadoras de la Red de Politólogas #NoSinMujeres, quienes nos concedieron por separado entrevistas exclusivas en diálogo con sus campos actuales de trabajo, incidencia e investigación. La idea principal fue conectar sus perspectivas con la agenda de los feminismos en la actualidad, y encontrar sinergias entre academia, sociedad civil y disputa ciudadana por espacios de poder.

La Red es una iniciativa que busca dar visibilidad al trabajo de politólogas que estudian temas relacionados a América Latina e ya cuenta con más de 700 participantes de toda la región en más de 31 países.

A continuación, transcribimos por completo las tres entrevistas, que fueron gestionadas, coordinadas y concretadas por la politóloga brasilera Ana Teresa Duarte:

Julieta Suárez-Cao, profesora argentina, asociada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, quien participó del diseño de la ley electoral que aseguró la paridad en la Convención Constituyente chilena, nos explica cuales serían los mejores diseños electorales para garantizar la paridad.

Fotografía: Ciencia Política UC.

Hola, mi nombre es Julieta Suárez-Cao. Soy doctora en Ciencia Política de la Universidad de North Western y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Ahora estoy en Chile, dónde me desempeño como profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Además, soy coordinadora de la Red de Politólogas y participé en el diseño de la ley electoral que aseguró la paridad para la conformación de la Convención Constituyente acá en Chile.

¿Cuál es el mejor diseño electoral para la paridad en las elecciones legislativas?

La experiencia internacional y la literatura comparada nos dicen que el diseño electoral más conducente a la paridad en las elecciones legislativas es el sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas. Claro que por sí solo no garantiza la paridad y ahí depende también del diseño de la cuota, de cuan fuerte sea este diseño, si hay mandatos de posición, si hay mandatos de encabezamiento, si no hay posibilidad de que un partido registre las listas si no cumple con la paridad. Pero también depende del nivel o el grado de fragmentación del sistema de partidos. Por ejemplo, por más que tengamos listas cerradas y bloqueadas, si no hay encabezamiento de mujeres en distritos pequeños con alta fragmentación, podríamos tener, por ejemplo, en un distrito de tres, el caso de que ganen tres listas diferentes y solo encabezadas por hombres. Así, no tenemos paridad en resultado, entonces eso es algo también que habría que tener en cuenta.

¿Crees que las listas cerradas benefician más a la paridad que las listas abiertas?

Creo que las listas cerradas benefician más a la paridad que las listas abiertas dejando todo constante. Esto es, si es solo paridad en las candidaturas y tenemos un sistema alternado, claramente, en una lista abierta, dónde el electorado puede elegir una de las candidaturas, esto puede afectar la paridad de manera mucho más directa que en una lista cerrada y bloqueada, dónde la persona que está votando no puede alterar el orden asignado por el partido. Pero claro, no depende solo de esto. Antes tiene que ver con el sistema electoral y con la fragmentación del sistema de partidos, además de, claramente, con la fortaleza del diseño de la cuota, cuan fuerte es esta ley y esta obligación para los partidos.

¿Cuál fue el secreto del éxito para lograr la paridad en Chile?

El secreto del éxito para lograr la paridad en Chile con listas abiertas fue que la paridad no era solo en las candidaturas, sino en la obligación de que por distrito el resultado fuera paritario. Esto implicaba, entonces, garantizar que en distritos pares se iba a elegir la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y en distritos impares un sexo no podía superar al otro en más de un convencional o una convencionala electa. Eso se hizo por medio de un mecanismo de remplazo (o de corrección) en el cual la candidatura individual menos votada del sexo sobrerrepresentado cedía su escaño a la candidatura del sexo subrepresentado de su misma lista que haya resultado más votada. De esa manera pudimos tener un resultado paritario con lista abierta. 

¿Crees que es posible replicarlo en otros países con listas abiertas como Brasil?

Yo estoy convencida de que este sistema puede ser replicable no solo con lista abierta, sino también con listas cerradas. Es decir, podemos tener una paridad de entrada que garantice que las candidaturas sean paritarias y que estén presentadas de manera alternada y, ojalá, con un fuerte encabezamiento de mujeres. Además, tener una cláusula que garantice que el resultado a nivel de distrito dónde se aplica la formula electoral tenga que ser también paritario y, para eso, pensar en un mecanismo de corrección, como en el caso de Chile con lista abierta, o que corra la lista, en el caso de las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, que sean cerradas y bloqueadas para el electorado, pero que se desbloqueen en el momento de la asignación de escaños. 

¿Considera positiva la reforma constitucional en Chile?

Creo que la reforma en Chile es un hito mundial y, además, deja la barra muy alta. Yo no sé si otros países van a poder reformar ahora sus constituciones sin tener una convención paritaria o al menos con una amplísima representación de mujeres. Creo que lo que viene es incorporar otros grupos (subalternos y vulnerados) a la escritura constitucional y, claramente, traspasar este ethos, de alguna manera, a los cuerpos legislativos ordinarios. No solo para una convención constituyente, sino también para nuestros parlamentos necesitamos que sean paritarios y también para nuestras autoridades ejecutivas necesitamos, ahí sí, paridad en las candidaturas.  

Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA), nos relata como los países latinoamericanos han recibido e implementado políticas públicas para la inclusión de refugiados y también nos explica cuales son las mayores dificultades por las que pasan las mujeres migrantes y refugiadas.

Fotografía: OEA.

Hola, mi nombre es Betilde Muñoz-Pogossian, venezolana-americana, y soy directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde dónde dirijo trabajos de la organización en materia de derechos económicos, sociales y culturales, desarrollo social, inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las personas afrodescendientes, indígenas, personas LGGBTI, personas con discapacidad y, también, un tema que recientemente ha demandado mucho trabajo y mucho más investigación y respuestas de política pública, lo que sería la inclusión y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en el hemisferio. Adicionalmente, soy coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres

¿Qué país ha implementado las mejores políticas públicas para la inclusión de refugiados?

Realmente, los países de la región han respondido de forma pragmática y solidaria a lo que es la inclusión, recepción, protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, quizás en materia de regularización, hay muy buenas prácticas. Una de las mejores ha sido la implementación del estatuto de protección temporal, en Colombia (esto fue en enero de 2021), que permite la regularización de los más de 1.3 millones de personas venezolanas que están en ese país. Sin embargo, varios países de la región también han adoptado medidas de regularización en la medida que sus marcos legales y sus espacios fiscales se lo han permitido, incluyendo, por ejemplo, el TPS, en Estados Unidos, para personas de varios países de América Latina, tales como Haití, Honduras, El Salvador y la propria Venezuela, y otras que también se han implementado de países como Costa Rica para dar protección a personas nicaragüenses. 

¿Qué tipo de políticas públicas serían estas?

Las políticas de atención, inclusión y protección de derechos de personas migrantes y refugiadas en la región han variado de país a país. Ya hablamos un poco de las medidas que se adoptaron en materia de regularización, pero también importante mencionar aquellas que se han enfocado en la inclusión socio-laboral, o inclusión social y productiva de estas personas. Interesante una práctica que implementó Perú, en el contexto de la pandemia del Covid-19, de haber incorporado a personas venezolanas con experiencia en temas de medicina a los grupos de respuesta ante el Covid-19. Eso es muy buen ejemplo que, digamos, rescata aportes que pueden hacer las personas migrantes y refugiadas a los países de acogida.

¿Cómo ve la recepción de refugiados venezolanos por parte de los países latinoamericanos?

Los países latinoamericanos han respondido con solidaridad y pragmatismo a la llegada de migrantes y refugiados venezolanos, especialmente considerando lo limitado de sus espacios fiscales, sobre todo después de la llegada de la pandemia del Covid-19 y, digamos, bajo los marcos legales en materia migratoria con lo que han contado. Obviamente, ha variado las respuestas de regularización que han dado los diferentes países. Han variado también las diferentes opciones de inclusión social y laboral (hablamos de una en Perú, más temprano, pero hay también el proceso de interiorización que se dio en Brasil), y sabemos que todos esos países también están cooperando con agencias multilaterales para poder obtener los fondos para darle ayuda humanitaria a esas personas que se están desplazando dentro de nuestro hemisferio. 

¿Cuál es la mayor dificultad para las mujeres migrantes? 

Las mujeres migrantes enfrentan, realmente, una doble desigualdad. Por ser migrantes, que de algún modo expone a esas personas a mayores vulnerabilidades en su trayecto migratorio y una vez que llegan a los países de acogida. Y por ser mujer es porque, de algún modo, se replican las desigualdades que ellas enfrentan en sus países de origen. Quizás el reto más fuerte (porque estamos hablando de la integridad de las mujeres migrantes) es el tema de la trata de personas. Sabemos que 70% de las personas victimas de trata son mujeres y niñas. Otra vulneración que vemos frecuente en mujeres migrantes es el abuso laboral, el acoso sexual en espacios de trabajo y, lamentablemente, en algunos casos se da lo que se llama el sexo por supervivencia, en la que tienen que prestar servicios de relaciones sexuales a cambio de un paso migratorio, a cambio de que les sellen el pasaporte y este es el tipo de vulneraciones a las que se enfrentan.

¿Cuál cree que es el estado de la xenofobia en las Américas?

La xenofobia sigue presente en América Latina, lamentablemente, aunque sí debemos dimensionar este fenómeno. No es amplio, no es extensivo a las instituciones del Estado, tampoco es el común denominador en todas las comunidades que están recibiendo migrantes. Son más bien los actos de xenofobia la excepción. Sin embargo, es muy importante atender este flagelo porque vulnera los derechos de las personas migrantes y refugiadas y, quizás ahí, dos recomendaciones clave son: por un lado, que de la voz de los líderes políticos no se demonice la migración, sino que se construyan narrativas positivas sobre la migración, los aportes que hacen; y por el otro, que en las políticas de respuesta y protección de migrantes no solo nos encarguemos de estas personas, sino que también nos encarguemos de las personas, de los conciudadanos que están en las comunidades de acogida.

Yanina Welp, investigadora en el Albert Hirschman Centre on Democracy (The Graduate Institute Geneva) y coordinadora editorial de Agenda Pública (El País, España), nos hace un análisis detallado del uso de los mecanismos de democracia directa en América Latina.

Fotografía: OIDP.

Soy Yanina Welp, investigadora en el Albert Hirschman Center on Democracy, coordinadora editorial de Agenda Pública y miembro de la Red de Politólogas. Mi trabajo de investigación se ha centrado especialmente en los mecanismos de democracia directa y participativa. Tengo un especial interés en este momento por analizar también otras variables y dimensiones que afectan al desempeño de las democracias contemporáneas. También me interesa mucho trabajar en el ámbito de la comunicación de las Ciencias Sociales, en el que creo que tenemos un gran aporte (los cientistas sociales) que hacer al debate público contemporáneo. Y, por supuesto, tengo un gran compromiso también por la difusión del trabajo de las colegas politólogas que hacemos desde la Red (de Politólogas).

¿Cómo ve los instrumentos de democracia directa en América Latina?

Sobre los instrumentos de democracia directa en América Latina se podría decir que contamos con unas cuantas evidencias que permiten caracterizar la situación. En primer lugar, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha visto una amplia expansión de la regulación de estos mecanismos. Son muchos los países que cuentan con ellos, con mecanismos que se pueden activar por diversas vías. Sin embargo, en segundo lugar, vemos que las prácticas (las buenas prácticas) siguen circunscriptas al caso uruguayo y alguna que otra excepción, cuando en general, tercero, se ve una manipulación política de los instrumentos de democracia directa que pervierte ese potencial de democratizar que se esperaba que tuvieran en su introducción legal.

¿Cuál es la ventaja de decidir asuntos importantes a través de la democracia directa?

No se puede automáticamente asumir que hay una ventaja en decidir asuntos importantes a través de la democracia directa. Creo que es bien importante, en primer lugar, definir quien es el que lo convoca o quienes son los que lo convocan y, a partir de ahí, ver se pueden tener ese potencial democratizador o más bien incentivar la concentración de poder. En este sentido, tienen ventaja cuando permiten a la ciudadanía operar como un freno de decisiones que son impopulares o ratificar decisiones de alto calado, como una reforma constitucional o promover leyes que el parlamento no está contemplando. Esto es, los mecanismos que se activan por recolección de firmas y los que se activan obligatoriamente, solo que tendrían mayor relevancia para su incidencia democratizador y son los que menos se ven en la región, lamentablemente.

¿Existe el riesgo de que se anulen los derechos a partir de la voluntad de la mayoría?

La posibilidad de que se anulen derechos a partir de la voluntad de la mayoría creo que no es algo que sea especialmente susceptible de ser provocado por ejercicios de democracia directa porque estos ejercicios, evidentemente, se incluyen también en un marco constitucional. Por lo tanto, hay una protección de los derechos que proviene de ese marco constitucional. Creo que el principal riesgo de que se anulen derechos proviene de la emergencia y fomento a proyectos autoritarios que a veces instrumentalizan la democracia directa para perseguir estos objetivos de anulación de derechos, de reducción de derechos. Pero no es algo que, automáticamente o por defecto, pueda atribuirse a la democracia directa, sino a este tipo de liderazgos. 

¿Qué países utilizan este mecanismo de manera recurrente y eficaz?

En el mundo el país que más utiliza mecanismos de democracia directa, por lejos, es Suiza, donde se usan a nivel de estado central, de los cantones y de los municipios también, y se usan de manera eficaz. Evidentemente, hay matices que habría que hacer en un análisis pormenorizado, pero creo que sostienen de buena manera parte de las bases del sistema suizo. En América Latina, se usan de forma relativamente recurrente en Uruguay, como está ocurriendo en este mismo momento con el intento de revocación de la ley que aprobó el gobierno actual de Uruguay, durante la pandemia, y que es considerada violatoria de muchos derechos por diferentes actores de la política uruguaya y, en este sentido el referéndum tiene el potencial de canalizar estas demandas y de resolver el conflicto institucionalmente,

¿Quiénes deberían ser las personas capaces de convocar estos mecanismos?

Los mecanismos de democracia directa: iniciativas, referéndums, plebiscitos, consultas populares, cualquiera sea su denominación, conviven con la democracia representativa. Y en este sentido, si su objetivo es abrir y equilibrar el poder de una mejor manera, deberían ser utilizados sobre todo por aquellas personas que tienen menos poder. Se deberían abrir este potencial a lo que en términos de tener el rol de veto players, o sea, de poder introducir en el sistema su voz para vetar, por ejemplo, leyes impopulares para derogar reformas constitucionales que no sean abaladas por la ciudadanía o por el contrario, para ratificarlas y también para promover leyes. Creo que ahí está el potencial democratizador.