Democracia en el limbo: lecciones de la crisis de Israel

Este artículo hace parte de un proyecto de investigación y reportería de campo en Israel por parte del equipo de EDP especializado en temas de Medio Oriente.

Por Illimani Patiño.

Israel está en el centro de la confrontación global sobre el significado de democracia entendida como la aplastante voluntad de las mayorias o como la proteccion de las minorias y el equilibrio de poder. Sin embargo, los palestinos en Israel y en los territorios ocupados siguen siendo excluidos del debate.

Democracia en el limbo

Israel atraviesa la mayor crisis social de su historia. Por más de seis meses, cientos de miles de manifestantes se han reunido en las principales ciudades del país para protestar en contra de la reforma judicial del gobierno de extrema derecha dirigido por Benjamin Netanyahu.

La reforma permitiría al parlamento controlar la elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y le otorgaría poder de veto sobre sus decisiones. La corte se ha caracterizado por proteger la libertad de expresión, promover los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBQ y de las minorías religiosas, así como limitar parcialmente la censura militar y la expansión de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania.

Este 23 de julio el parlamento aprobó, tras meses de aplazamiento, una parte substancial de la reforma relacionada con el poder de veto a las decisiones de la corte por parte del parlamento. Paralelamente, cientos de miles de personas marcharon desde Tel Aviv hasta Jerusalén en un último intento para defender la independencia del poder judicial.

Según los proponentes de la reforma, la corte se ha dedicado a defender los valores progresistas por encima del deseo de las mayorías dentro del país. Ellos describen a la corte como antidemocrática pues tiene el poder de limitar las decisiones parlamento y del primer ministro a pesar de que ninguno de los jueces ha sido elegido por voto popular.

Para los detractores, entre los que se encuentran las clases más educadas, la comunidad LGTBQ, las empresas tecnológicas (claves en el crecimiento económico del país de los últimos años) y gran parte de la reserva del ejército, la reforma judicial acabaría con el delicado equilibrio de poder en el país. Para ellos la reforma convertirá a Israel en un país que se aleja de la democracia en favor del autoritarismo.

La corte ha fallado en contra de la coalición de gobierno al no permitir la designación como ministros a políticos condenados por fraude fiscal. La corte es también la responsable de elegir al fiscal general, encargado de las múltiples investigaciones de corrupción en contra de Benjamin Netanyahu. En la práctica, la reforma impediría la destitución del primer ministro por parte de la Corte Suprema.

Pero no solo en Israel se ha intentado limitar el poder del sistema judicial y modificar el equilibrio de poder a favor del ejecutivo. El autoritarismo se ha fortalecido en los últimos años en todo el mundo: Erdogan en Turquía, Trump en Estados Unidos, Orban en Hungría, Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador también han buscado controlar destruir el equilibrio de poder controlando el poder judicial.

La actual crisis social y política de Israel se enmarca en este debate global. Pero las particularidades de su sistema político serán determinantes en el futuro de la derecha conservadora y populista a nivel global. Concretamente, el papel que tendrán los palestinos ciudadanos de Israel – 20% de la población – y el de los palestinos en los territorios ocupados en el futuro del país.

Las raíces historicas y sociales de la actual crisis politica

La sociedad israelí siempre ha sido una amalgama de diferentes ideales sociales, culturales y políticos que han logrado pactar un futuro común a pesar de sus contradicciones. En los últimos años este pacto parece haber llegado a un punto de quiebre: cinco gobiernos distintos en menos de cuatro años, siendo el actual gobierno el más ultraderechista de la historia. La coalición gobernante incluye a partidos ultranacionalistas religiosos que reivindican a grupos considerados terroristas por Israel, algo impensable hace solo tres décadas.

Los principales votantes de los fortalecidos partidos conservadores, religiosos y ultranacionalistas son los sectores de menores ingresos y con menor acceso a la educación superior. La mayoría de ellos son descendientes de los judíos llegados desde el Norte de África y Medio Oriente (mizrajíes y sefardíes) que tienden a ser mucho más conservadores que sus contrapartes asquenazíes. A su llegada a Israel fueron excluidos de los círculos de poder económico, social y político dominado por los llegados desde Europa central y oriental.

A pesar de constituir la mayoría del país, ninguno de los catorce primeros ministros de la historia de Israel ha sido misrají o sefardí. La mayoría de lideres históricos del sionismo, especialmente del sector laborista como David Ben-Gurion, han sido judíos no practicantes que rivalizaban con los sectores religiosos. Para ellos, Israel era tanto el sueño de un hogar nacional para los judíos como la realización del sueño socialista – gran parte de los líderes sionistas bebieron de las ideas marxistas en boga en la primera mitad del siglo XX -.

El bloque religioso y ultranacionalista favorece un Estado confesional que se rija por principios más conservadores. Esto implica todo tipo de aspectos: desde el matrimonio, la comida y la educación, hasta el uso del transporte público los sábados (el cual no funciona en el país, a excepción de un uso limitado en Tel Aviv y en las zonas de mayoría palestina, como Nazareth). Resulta irónico que Benjamin Netanyahu, el actual líder de este bloque, sea un asquenazi no practicante y de origen social privilegiado.

Visita de Jair Bolsonaro a Israel, encuentro con Benyamin Netanyahu, 31 de marzo de 2019.

Mucho más controversial ha sido el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar para quienes se dedican a los estudios religiosos. En Israel los hombres y mujeres judíos tienen que cumplir el servicio militar obligatorio a excepción de uno de los grupos religiosos ultraortodoxos (Haredi) – alrededor del 13% de la población -, quienes pueden homologar el servicio militar con los estudios bíblicos.

Los intentos para incrementar su cuota de participación del ejército resultaron en las segundas protestas más grandes del país después de las actuales. Los sectores religiosos ortodoxos y ultraortodoxos son los de mayor crecimiento demográfico, teniendo una tasa de más del doble que el promedio nacional y representando actualmente a un poco más del 26% de la sociedad israelí. El 60% de los ultraortodoxos son menores de 20 años mientras que el promedio nacional es de 31%.

La reforma judicial y otras reformas propuestas por el gobierno en los últimos meses limitarían la capacidad de imponer cuotas más altas de servicio militar a estas comunidades en el futuro, además de abrir la puerta para que las excepciones al servicio militar se extiendan a un número mayor de comunidades.

Desde la perspectiva de los israelíes liberales, tanto creyentes moderados como no religiosos, el sector más religioso de la sociedad no contribuye lo suficiente a los esfuerzos militares del Estado mientras reciben amplios beneficios sociales. En su visión, los ortodoxos y ultraortodoxos buscan establecer un régimen autoritario que destruiría el frágil aparato democrático del país al limitar los derechos progresistas en favor de las normas religiosas.

Los sectores políticos más conservadores también están a la vanguardia del movimiento que busca crear nuevos asentamientos judíos en el territorio de Cisjordania ocupado por Israel desde 1967. En algunos casos, la Corte Suprema ha fallado en contra del movimiento por construir sus asentamientos en tierra privada palestina y sin autorización del gobierno.

Miles de judíos ultraortodoxos bloquean el principal acceso a Jerusalén el 8 de marzo de 2018 en protesta contra cambios en el servicio militar obligatorio. | Foto: Infobae.

La corte también suspendió los desalojos palestinos de Sheikh Jarrah en Jerusalén. La violencia por parte de estos grupos contra los palestinos ha incrementado en los últimos meses con relativa impunidad y, en muchos casos, protegido por el ejército israelí.

Más de 600.000 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Oeste violando el Derecho Internacional. Muchos de ellos están motivados por la misión religiosa de restaurar la Israel histórica que incluye la Judea y Samaria bíblicos. Sin embargo, una parte de estos colonos están escapando de la crisis de vivienda y gentrificación de ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Se configuran así dos polos cuya confrontación parece estar llegando a un punto de no retorno dentro de la sociedad israelí. Por un lado, aquellos que abogan por un régimen democrático entendido como la voluntad de la mayoría por encima del pluralismo y la protección de las minorías.

En este sector se encontraron los extremistas nacionalistas y extremistas religiosos que rivalizaban hace apenas unos años. Al otro lado, los sectores de clase media y alta de las ciudades costeras que heredan la visión de una Israel secular y liberal cercano a los valores europeos.

Pero ha sido este sector liberal que se autoproclama heredero de una visión liberal, occidental y, en muchos casos, de izquierda, quien ha discriminado sistemáticamente a los judíos orientales. De la misma manera, este sector es en parte responsable de la discriminación, ocupación y despojo de los palestinos dentro de Israel y en los territorios ocupados en Jerusalén Oeste, Gaza y Cisjordania.

Los palestinos: grandes ausentes de las manifestaciones

En las multitudinarias protestas de los últimos meses abundan tanto las banderas israelíes como las de sindicatos, movimientos feministas y la comunidad LBTIQ. Sin embargo, las banderas palestinas parecen estar completamente ausentes a pesar de que los árabes componen más del 20% de los ciudadanos israelíes. En redes sociales circulan videos de activistas palestinos y judíos que son interpelados por llevar la bandera palestina en las manifestaciones.

Según los palestinos que entrevistamos en Jerusalén, Haifa y Nazareth, el establecimiento político liberal ha hecho poco para acabar con la discriminación que aún viven dentro de un país que dice garantizar igualdad para las minorías no judías. Las áreas de mayoría árabe aún son las de menor acceso a servicios públicos, sufren de mayor criminalidad y tienen menor participación política dentro de Israel.

Todo esto se ha agravado con la progresiva llegada de partidos extremistas al gobierno de Benjamin Netanyahu. La ley Estado-Nación de 2018 eliminó el árabe como lengua oficial y expuso que solo los judíos tienen derecho a la autodeterminación dentro de Israel, lo que para el gobierno actual incluye a Jerusalén oeste, Gaza y Cisjordania (reconocidos internacionalmente como palestinos).

El único futuro para una Israel progresista es incluir a los palestinos y sus demandas en las protestas

Las dos anteriores coaliciones de gobierno que gobernaron entre 2020 y 2022 – incluyendo a liberales, algunos religiosos e, incluso, algunos partidos árabes – no revertieron esta ley ni disminuyeron la violencia en contra de civiles palestinos en los territorios ocupados.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha sido incapaz de aplicar de manera retroactiva sus decisiones para revertir los muchos años de discriminación y despojo a los palestinos dentro de Israel. Aun así, no cabe duda de que los palestinos serían los más afectados por la reforma judicial al eliminar el único obstáculo a la continua expansión de los asentamientos ilegales en el territorio palestino y en contra de la discriminación a las minorías dentro Israel.

Protestas de Palestinos en el Valle de Jordán. | Fuente: BBC.

Aunque el establecimiento liberal sigue sin incluir a los palestinos en su agenda, una parte cada vez mayor de la sociedad civil y la academia israelí es crítica de la discriminación de los palestinos, los abusos del ejército israelí y la ocupación de Jerusalén Oeste, Cisjordania y Gaza. Organizaciones como B´tselem y Breaking the Silence han contribuido en las de denuncias de la sistemática violación de los Derechos Humanos a los palestinos en Gaza y Cisjordania gracias a la protección de, entre otras, la Corte Suprema.

Benjamin Netanyahu es uno de los gobernantes más resilientes de la derecha conservadora a nivel global con casi tres décadas como líder del ejecutivo. La victoria de su visión de democracia en la actual confrontación ideológica daría una importante inyección moral al populismo conservador en todo el mundo. Esta derecha conservadora es la misma que niega el cambio climático, justifica la violencia contra las mujeres y destruye la libertad de expresión.

Sin duda, la democracia entendida como la aplastante voluntad de la mayoría ha sido la excusa para cometer los más atroces crímenes. Pero ninguna democracia liberal puede ser construida sin incluir al 20% de la población ni prolongando una brutal ocupación que ya se acerca a las cinco décadas de existencia. La actual crisis política puede ser una oportunidad para establecer un verdadero sistema democrático que garantice la paz, la convivencia, la dignidad y la autodeterminación para todos los que habitan el territorio entre el Río Jordán y el Mediterráneo – sean judíos o palestinos -.

Como nos lo dijo una manifestante en Tel Aviv: “el único futuro para una Israel progresista es incluir a los palestinos y sus demandas en las protestas”.