La Ilustración Oscura propone sustituir la lentitud democrática por la eficiencia de un Estado administrado como empresa, pero omite que el nuevo soberano depende de infraestructuras que no controla.
Por Bryan Brennan Arrieta.
América Latina no puede darse el lujo de cambiar democracias incompletas por monarquías tecnológicas dependientes.
El desafío posdemocrático en América Latina
En América Latina, la discusión política suele empantanarse en la polarización conocida entre izquierda y derecha. Sin embargo, en los márgenes de ese debate avanza una corriente que impugna algo más profundo: no un gobierno, un partido o una ideología, sino la legitimidad y la eficacia del propio modelo democrático. Se trata de la Ilustración Oscura —Dark Enlightenment—, asociada a figuras como Curtis Yarvin y Nick Land, cuyas ideas circulan en sectores tecnológicos, empresariales y financieros.
Lo que pocas veces se señala es que varias de sus tesis centrales —la crítica a la deliberación parlamentaria, la inevitabilidad del conflicto y la desconfianza hacia las élites liberales— no constituyen una innovación nacida en Silicon Valley. Ya estaban formuladas en la obra del jurista alemán Carl Schmitt. La novedad no reside tanto en el diagnóstico como en el escenario: el soberano ya no solo controla ejércitos, fronteras o decretos. Ahora también controla servidores.
Carl Schmitt y la contradicción de la democracia liberal
Carl Schmitt (1888-1985) fue uno de los críticos más lúcidos e incómodos de la filosofía política del siglo XX. La incomodidad no proviene únicamente de su adhesión al nazismo en 1933. También nace de un hecho incómodo: varios de sus diagnósticos sobre los límites del liberalismo resultan difíciles de refutar desde los propios axiomas liberales.
En La crisis de la democracia parlamentaria, Schmitt identificó una tensión que el pensamiento moderno tendía a disimular: la difícil conciliación entre el liberalismo, fundado en los derechos individuales, los procedimientos y el pluralismo, y la democracia, entendida como identidad entre gobernantes y gobernados. Mientras esta última exige algún grado de unidad política y capacidad de decisión, el liberalismo privilegia la negociación y la protección de la diversidad. Para Schmitt, esa tensión termina vaciando a la democracia de contenido político y reduciendo el gobierno a una administración burocrática de intereses.
Schmitt también sostuvo que las democracias liberales, al negar o suavizar la categoría política del enemigo, trasladan sus disputas al terreno moral. El adversario deja de ser un oponente legítimo y se convierte en un agente del error, la irracionalidad o el mal. Lejos de apaciguar el conflicto, esa operación puede intensificarlo: ya no se discute con quien piensa distinto, sino que se intenta corregirlo, excluirlo o silenciarlo. La política adopta entonces la forma de una cruzada absoluta, aquello que el liberalismo prometía evitar.
Yarvin y la “Catedral” de la opinión pública
Curtis Yarvin rara vez presenta su obra como una prolongación de Schmitt. Sin embargo, leerlos en paralelo permite sostener que la Ilustración Oscura actualiza varios problemas schmittianos mediante el lenguaje de la ingeniería de software, la administración corporativa y el ecosistema tecnológico.
La pregunta de Yarvin es incómoda: ¿quién define hoy los límites de lo aceptable en el espacio público? No necesariamente el gobierno, que cambia con las elecciones, ni tampoco un mercado abstracto e indiferente a los valores. Su respuesta apunta a una red de instituciones que produce legitimidad cultural de manera continua.
Las universidades forman a las élites administrativas y mediáticas; los grandes medios consolidan marcos interpretativos; las burocracias permanentes sostienen agendas que sobreviven a los ciclos electorales. No hace falta imaginar una conspiración coordinada. Basta con reconocer la existencia de incentivos, lenguajes y criterios compartidos que delimitan lo políticamente posible.
Yarvin bautizó ese entramado como “la Catedral”. Al igual que la catedral medieval, su autoridad sería moral y epistémica antes que procedimental. En términos schmittianos, la Catedral no delibera: hegemoniza. Quien cuestiona sus consensos deja de ser un adversario político y pasa a ser clasificado como desinformador, extremista o amenaza.
La afinidad con Schmitt se vuelve más visible cuando Yarvin describe al progresismo como una religión secular: un orden normativo que se proclama neutral mientras fija los límites de lo pensable. El conflicto ya no aparece como confrontación entre proyectos legítimos, sino como oposición entre verdad y error. De ese modo, la exclusión del disidente adquiere la apariencia de un imperativo moral y oculta su carácter político.
Neocameralismo: gobernar el Estado como una empresa
Lo que distingue a Yarvin es que no se limita al diagnóstico. Donde Schmitt describía las contradicciones del liberalismo, Yarvin propone reemplazar los incentivos electorales —que premian el corto plazo— por incentivos empresariales. En una frase, gobernar un país como se gobierna una compañía exitosa.
Yarvin llamó “neocameralismo” a un modelo en el que el Estado funciona como una corporación, dirigido por un ejecutivo con amplias facultades y con habitantes que se relacionan con el gobierno no como ciudadanos, sino como clientes o residentes. El nombre resulta revelador.
El cameralismo fue una doctrina de administración estatal vinculada a los principados alemanes de los siglos XVII y XVIII, basada en funcionarios especializados y orientada a fortalecer al soberano. Yarvin no propone algo completamente nuevo porque imagina un retorno posdemocrático a formas anteriores a la ciudadanía, traducidas al lenguaje de las startups.
La recepción de estas ideas en el universo tecnológico tampoco es accidental. Peter Thiel sostuvo ya en 2009 que había dejado de creer que libertad y democracia fueran compatibles, y su ecosistema financió Urbit, el proyecto tecnológico creado por Yarvin.
Marc Andreessen, por su parte, celebró en su Manifiesto tecnoptimista la expansión tecnológica, la velocidad y la construcción frente a las restricciones institucionales. Andreessen no propone abolir la democracia y, de hecho, reivindica a las democracias liberales; pero su texto comparte una impaciencia reconocible ante los frenos regulatorios y deliberativos.
Allí aparece un eco schmittiano preciso; tales como la competencia con China, la aceleración de la inteligencia artificial o las crisis de seguridad exigirían decisión, no debate. La Ilustración Oscura ofrece una respuesta radical a esa ansiedad al proponer institucionalizar la excepción y convertir la urgencia en forma permanente de gobierno. El problema es que, mientras imaginan al CEO soberano, la infraestructura capaz de sostener o apagar ese poder ya está en otras manos.
El soberano del siglo XXI controla el servidor
Schmitt formuló una definición célebre. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. En la era digital, esa fórmula obliga a plantear una pregunta que él no pudo anticipar: ¿qué ocurre cuando la infraestructura que sostiene la vida política de un país no pertenece a ese país?
El soberano contemporáneo no es únicamente quien puede suspender una garantía constitucional. También es quien puede desconectar un servidor, cerrar una plataforma, bloquear un sistema de pagos o borrar una identidad digital sin autorización judicial ni responsabilidad política. La capacidad de interrumpir la infraestructura se convierte así en una modalidad material de la excepción.
La demostración más clara ocurrió a fines de 2010, cuando WikiLeaks comenzó a publicar más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses. En pocos días, Amazon Web Services dejó de alojar el sitio; PayPal, Visa y Mastercard bloquearon canales de financiamiento; y EveryDNS retiró el dominio.
Existieron presiones políticas públicas, especialmente desde el Congreso estadounidense, pero no hubo una sentencia judicial previa que clausurara WikiLeaks. Una cadena de decisiones corporativas degradó su capacidad de operar con una velocidad inaccesible para los procedimientos ordinarios.
El episodio no prueba una coordinación ni que WikiLeaks desapareciera: el sitio recurrió a servidores alternativos y espejos. Sí demuestra algo más importante. La suspensión efectiva de capacidades políticas puede ejecutarse mediante contratos privados, términos de servicio e infraestructura empresarial. La excepción schmittiana no desapareció en la era digital. Cambió de oficina.
Además, este soberano resulta especialmente eficaz porque rara vez presenta su decisión en términos políticos. Amazon no declaró a WikiLeaks enemigo del Estado; invocó incumplimientos contractuales. PayPal y las redes de tarjetas no anunciaron una sanción geopolítica; señalaron incompatibilidades con sus políticas. El lenguaje forma parte del poder: no se suspenden derechos, se suspenden cuentas; no se censura, se modera; no se expulsa a un adversario, se protege a la comunidad.
Cuando la decisión se formula como ética corporativa, la excepción queda sustraída del campo en el que podría ser discutida democráticamente. Una ley puede impugnarse ante tribunales, un gobierno puede ser castigado en las urnas y un decreto puede generar oposición parlamentaria. Un cambio en los términos de servicio, en cambio, aparece como una condición técnica aceptada mediante un clic.
“The Stack” y la soberanía por capas
Benjamin Bratton llamó “The Stack” a la megainfraestructura accidental formada por la computación a escala planetaria. Su modelo distingue seis capas —Tierra, Nube, Ciudad, Dirección, Interfaz y Usuario— que se superponen y configuran una nueva arquitectura de gobierno. La utilidad política del concepto consiste en mostrar que la soberanía digital no se concentra en un solo actor, sino que se distribuye verticalmente entre dispositivos, sistemas operativos, plataformas, redes, centros de datos, direcciones y usuarios.
Los Estados continúan existiendo, los parlamentos deliberan y los jueces dictan sentencias. Sin embargo, The Stack opera con reglas, temporalidades y jurisdicciones propias. Sus términos de servicio no son una constitución; su estructura accionaria no es un parlamento; su política de contenidos no es una ley. Aun así, sus decisiones producen consecuencias políticas reales sobre ciudadanos reales.
La excepción tecnológica es más silenciosa que un estado de sitio. No necesita tanques en la calle ni cadenas nacionales. Puede materializarse como una cuenta desactivada, una aplicación retirada, una transferencia bloqueada o un servicio en la nube interrumpido. Precisamente por presentarse como una operación técnica, resulta más difícil de convertir en conflicto político visible.
Para América Latina, esta transformación tiene implicaciones directas. La región no controla infraestructura tecnológica global y depende de empresas estadounidenses o chinas para alojar servicios, procesar pagos y organizar la comunicación pública. Un medio independiente en Caracas, un movimiento social en Bogotá o una organización de derechos humanos en Ciudad de México carecen de la capacidad jurídica, financiera y técnica para enfrentar una exclusión simultánea de varios proveedores.
La soberanía digital no es un debate técnico limitado a la ciberseguridad. Es una cuestión política sobre quién controla las condiciones materiales de la ciudadanía. Mientras los dirigentes latinoamericanos discuten cómo concentrar poder para gobernar con mayor eficiencia, buena parte del poder que decide quién puede hablar, cobrar, transferir o existir digitalmente ya está concentrado en actores que no responden ante ningún electorado de la región.
Bukele: el soberano fuerte y su paradoja tecnológica
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador constituye un caso legible desde las categorías de Schmitt y Yarvin. Bukele no solo ha cultivado la imagen del CEO del Estado; también gobernó como quien decide en la excepción. El régimen iniciado en marzo de 2022 suspendió garantías constitucionales y convirtió una medida extraordinaria en un mecanismo ordinario. Para junio de 2026 había sido prorrogado 52 veces y las autoridades informaban más de 92.000 capturas.
La reducción de los homicidios se transformó en fuente central de legitimidad. El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios y una tasa oficial de 1,9 por cada 100.000 habitantes, un descenso difícil de ignorar. Tampoco deben ignorarse las denuncias sobre detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, torturas y debilitamiento del debido proceso. El punto no es negar el resultado, sino observar el intercambio político que lo sostiene. La eficacia reemplaza a las garantías como criterio principal de legitimidad.
La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 pareció, inicialmente, un intento de construir soberanía financiera sobre una infraestructura descentralizada. La billetera Chivo convirtió al Estado en operador de una capa digital propia. Sin embargo, la adopción cotidiana fue baja y decreciente: el NBER registró que menos del 10% de los encuestados continuaba utilizando Bitcoin después de gastar el bono inicial.
La paradoja se volvió explícita en 2025. Para acceder a un programa de 1.400 millones de dólares con el FMI, el gobierno reformó la Ley Bitcoin y volvió voluntaria su aceptación privada, estableció que los impuestos debían pagarse en dólares y se comprometió a reducir su participación en Chivo. El “CEO del Estado” podía decidir internamente, pero seguía operando dentro de restricciones financieras e infraestructuras transnacionales. La soberanía fuerte en la periferia resultó, una vez más, parcialmente delegada.
PIX: infraestructura pública y autonomía digital
Brasil ofrece una respuesta distinta. En 2020, el Banco Central lanzó PIX, un sistema de pagos instantáneos diseñado, regulado y operado como infraestructura pública, con participación obligatoria para las instituciones financieras que cumplían determinados umbrales. Su adopción fue masiva. Hacia fines de 2024 representaba el 47% de las transacciones de pago no realizadas en efectivo y había incorporado a millones de personas al uso de transferencias electrónicas.
PIX no es únicamente un caso exitoso de innovación pública e inclusión financiera. También constituye una tesis práctica de soberanía digital. Al construir una red nacional para los pagos domésticos, Brasil redujo su dependencia cotidiana de sistemas privados como Visa y Mastercard y conservó capacidad regulatoria.
La dimensión geopolítica apareció cuando Estados Unidos abrió en 2025 una investigación comercial contra Brasil que incluyó el comercio digital y los servicios de pagos electrónicos. En julio de 2026, la disputa derivó en aranceles generales del 25% sobre importaciones brasileñas, con excepciones. El conflicto excedía a PIX; aun así, mostró que una infraestructura pública capaz de desplazar intermediarios privados también puede convertirse en objeto de presión internacional.
PIX no elimina los riesgos de vigilancia estatal, fraude, concentración de datos o abuso gubernamental. La infraestructura pública no es democráticamente virtuosa por definición. Su ventaja política es otra porque permite que las reglas sean sometidas, al menos potencialmente, a legislación, control público, auditoría y disputa institucional. Sustrae una parte del poder de decisión al contrato privado transnacional y la devuelve al terreno político nacional.
El problema son las instituciones débiles, no la democracia imposible
La respuesta a la crisis contemporánea no consiste en capitular ante la premisa posdemocrática de la Ilustración Oscura ni en encomendar el destino colectivo a un soberano eficiente pero tecnológicamente dependiente. Requiere la ruta inversa: fortalecer la capacidad estatal, robustecer las mediaciones democráticas y reclamar autonomía sobre las infraestructuras críticas.
La independencia judicial, la transparencia fiscal, el control legislativo y la protección de las libertades civiles no son adornos abstractos. Son tecnologías políticas construidas para que sociedades complejas procesen sus conflictos sin destruirse. Su lentitud puede frustrar, pero esa lentitud también distribuye poder, permite revisar decisiones y reduce el costo de los errores irreversibles. Confundir demora con inutilidad es un atajo intelectual seductor.
La crisis de legitimidad del modelo liberal es innegable. La cuestión es determinar si el Estado corporativo, la supresión de la representación y el gobierno de la decisión pura resuelven sus contradicciones o simplemente las agravan bajo nuevas formas. La memoria histórica latinoamericana invita a desconfiar. Cada vez que la deliberación civil fue clausurada en nombre de la eficiencia, el resultado no fue menos conflicto, sino mayor coerción y menor autonomía geopolítica.
El antagonismo es inherente a lo social; en eso Schmitt no estaba equivocado. Pero el desafío de la política moderna no consiste en fabricar un soberano capaz de decidirlo todo mientras puede ser apagado desde un servidor extranjero. Consiste en construir instituciones democráticas y una infraestructura digital soberana que permitan convivir con el conflicto sin quedar a merced de quien controla el interruptor.
Esa es la tarea que la Ilustración Oscura omite; la de explicar cómo impedir que el soberano empresarial se convierta en un poder sin ciudadanía, sin controles y sin posibilidad de impugnación. América Latina no puede darse el lujo de cambiar democracias incompletas por monarquías tecnológicas dependientes. Su desafío no es abandonar la democracia, sino dotarla de la capacidad material que nunca terminó de construir.