Cuba ya no se puede explicar con una sola causa: el bloqueo golpea, pero el autoritarismo también asfixia. Lee este artículo si quieres entender la crisis cubana en 2026 sin caer en explicaciones de una sola causa.
Por José María Jarry.
La crisis cubana es un círculo perfecto: la presión externa refuerza al régimen y el régimen usa esa presión como coartada.
Criticar el bloqueo no es callar el autoritarismo
La situación que atraviesa Cuba en 2026 no admite lecturas simplistas ni doctrinarias. La crisis cubana es el resultado de la convergencia de tres factores estructurales: el endurecimiento del bloqueo y los aranceles impuestos por Estados Unidos, el carácter autoritario del régimen cubano y una crisis humanitaria que ya no puede describirse como coyuntural. Explicar lo que ocurre en la isla desde una sola variable no solo es analíticamente insuficiente, sino políticamente irresponsable.
El recrudecimiento del cerco energético y financiero por parte de Estados Unidos ha tenido efectos materiales medibles. Las restricciones al suministro de petróleo han provocado apagones que en varias provincias superan las 12 e incluso 18 horas diarias. Más del 80% del sistema de bombeo de agua depende de energía eléctrica, lo que significa que los cortes afectan directamente el acceso al agua potable. El deterioro energético también impacta en la conservación de medicamentos, en la cadena de frío alimentaria y en el funcionamiento regular de hospitales.

En términos económicos, el país enfrenta una contracción acumulada significativa desde la pandemia. El producto interno bruto cayó de forma pronunciada entre 2020 y 2022 y no ha logrado recuperar niveles previos. La inflación ha superado el 30% anual en distintos períodos recientes, erosionando salarios estatales que en promedio no superan los 30 o 40 dólares mensuales al tipo de cambio informal. La escasez de divisas limita importaciones de alimentos y medicinas, incrementando la dependencia de remesas y ayuda internacional.
La emigración es uno de los datos más elocuentes. Desde 2021 más de un millón y medio de cubanos han salido del país, una cifra que representa cerca del 10 por ciento de la población. Este éxodo masivo no puede explicarse únicamente por el bloqueo, expresa también una pérdida de expectativas respecto del horizonte político y económico interno.
El castigo colectivo es indefendible
Las políticas de asfixia económica que afectan indiscriminadamente a la población civil no pueden presentarse como herramientas legítimas de promoción democrática. Más de seis décadas de embargo no han producido transición política. Sí han producido escasez estructural y han reforzado una narrativa de resistencia que fortalece la cohesión interna del régimen.
El sistema político carece de elecciones competitivas, pluralismo partidario efectivo y alternancia real en el poder. La Asamblea Nacional no funciona como contrapeso independiente y el poder judicial no opera con autonomía plena. La concentración institucional limita la rendición de cuentas y reduce los incentivos para reformas estructurales.
La existencia de presos políticos es un dato persistente. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado centenares de personas detenidas por motivos políticos tras las protestas de los últimos años. A ello se suma el hostigamiento a periodistas independientes, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Las Damas de Blanco, surgidas como movimiento de familiares de presos políticos, continúan enfrentando restricciones y detenciones periódicas. Estos hechos configuran un déficit democrático objetivo, no una mera disputa narrativa.

La narrativa de la plaza sitiada ha permitido justificar durante décadas la postergación de cualquier apertura. Toda crítica interna se interpreta como funcional al enemigo externo. Sin embargo, los datos sociales muestran un malestar profundo. La escasez de alimentos básicos, con reducciones periódicas en la libreta de racionamiento, la caída del poder adquisitivo y la precariedad del transporte público generan tensiones cotidianas que no pueden reducirse a conspiración externa.
En este contexto, la ayuda humanitaria canalizada por distintos países resulta necesaria. El gobierno chileno encabezado por el Presidente Gabriel Boric anunció la destinación de un millón de dólares en ayuda humanitaria a través de UNICEF, utilizando el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Esta asistencia se suma a envíos de alimentos y bienes esenciales realizados por otros países de la región. Separar ayuda humanitaria de respaldo político al régimen es una distinción sustantiva que permite centrar la acción en la población.
Pero la ayuda no resuelve el problema estructural. El bloqueo agrava la crisis, pero el autoritarismo limita la capacidad de respuesta interna. La ausencia de transparencia presupuestaria, de debate público competitivo y de mecanismos efectivos de fiscalización impide que la sociedad procese institucionalmente sus tensiones. El resultado es un círculo donde el bloqueo refuerza al régimen y el régimen utiliza el bloqueo como coartada.
La encrucijada cubana
Criticar el bloqueo no implica callar ante el autoritarismo. Exigir democracia en Cuba no implica avalar la injerencia estadounidense. Ambas posiciones pueden sostenerse simultáneamente sin contradicción. Defender al pueblo cubano implica defenderlo del castigo externo y también del cierre interno.
La crisis humanitaria de 2026 no es solo una emergencia material, es un punto de inflexión político. Más del 70 por ciento de los hogares declara dificultades severas para acceder regularmente a alimentos suficientes. Los apagones afectan la productividad y profundizan la desigualdad territorial. La emigración reduce población activa y genera vacíos profesionales en sectores estratégicos como salud y educación.

El levantamiento del bloqueo es condición necesaria para aliviar la crisis humanitaria. Pero no es condición suficiente para construir democracia. La democratización exige reconocer a la ciudadanía como actor soberano, con garantías efectivas de participación, libertad de expresión, asociación y competencia política real. Sin pluralismo no hay legitimidad sostenible.
Puede persistir en la excepcionalidad permanente, administrando crisis sucesivas bajo el argumento del cerco externo. O puede iniciar un proceso gradual de apertura institucional que permita reconstruir legitimidad desde dentro. Esa apertura no implica renunciar a la soberanía, implica ejercerla de manera democrática.
Lo que está en juego no es una disputa retórica entre modelos, sino la posibilidad de que Cuba supere un ciclo de asfixia externa y clausura interna que ha mostrado sus límites. El horizonte debe ser una Cuba sin bloqueo, sin presos políticos y con democracia efectiva. Exige denunciar la asfixia económica y también el déficit democrático. Exige abandonar el empate moral que ha paralizado el debate durante años. Y exige asumir que la democracia no es una concesión estratégica, sino una condición para la estabilidad y la dignidad colectiva.