El capitalismo contemporáneo invoca la propiedad privada como un valor sagrado mientras organiza una economía donde las mayorías trabajadoras cada vez acceden menos a poseer algo propio.
Por Dr. Matias Boglione, Director de EDP.
Quizás el verdadero enemigo de la propiedad nunca fue ese monstruo ideológico que nos vendieron durante más de medio siglo, sino este capitalismo totalitario que convirtió la propiedad en un privilegio hereditario.
El fantasma equivocado
Desde hace décadas, las corporaciones mediáticas nos recuerdan una amenaza invisible dispuesta a quedarse con todo lo que nos pertenece, un peligro constante siempre latente llamado comunismo que, en su inminente llegada, nos dicen, se apoderarán del Estado con el único objetivo de arrebatarnos nuestras posesiones en nombre de una abstracción colectivista. Y nosotros, honestos propietarios y esforzados trabajadores, seremos las principales víctimas de una ideología foránea y oscura, casi demoníaca.
Pero la realidad siempre termina siendo bastante menos cinematográfica, aunque no por eso menos cruel. No hizo falta ningún dictador socialista de un país que ni siquiera sabríamos ubicar en el mapa. Con los bancos, los Estados capturados por intereses financieros, los salarios pulverizados, las hipotecas imposibles y los alquileres eternos, fue más que suficiente. Las grandes corporaciones, con su insistente y cotidiana pedagogía de la resignación, nos condernaron a vivir pagando por todo sin llegar a ser dueño de nada.
La desposesión contemporánea no llegó a través de expropiaciones masivas. Llegó con contratos imposibles, tasas de interés usurarias, scoring crediticios, cláusulas de ajuste, precarización laboral y un sospechoso lenguaje técnico diseñado para que el saqueo parezca administración. Mientras tanto, el antiguo miedo a las confiscaciones estatales resultó útil, porque permitió ocultar una expropiación más silenciosa, más elegante y, sobre todo, muy rentable: la expulsión progresiva de las mayorías al acceso real y efectivo de condiciones mínimas de existencia.
Mientras nos decían que el comunismo venía a despojarnos, el capitalismo financiero conservó intacto el altar de la propiedad y siguió siendo sagrada en los discursos, en los códigos civiles, en las campañas electorales y en los editoriales indignados de los defensores del “mérito”; en la vida concreta, sin embargo, se volvió cada vez más inaccesible para quienes trabajan, encadenan empleos y descubren que el esfuerzo ya no compra estabilidad.
No es que el capitalismo contemporáneo odie la propiedad privada, sino que ama la propiedad accionaria, la propiedad inmobiliaria concentrada, la propiedad intelectual y la propiedad corporativa que, en conjunto, convierten necesidades básicas en flujos permanentes de renta. Lo que combate, encarece o directamente niega es la propiedad material que hace posible una mínima autonomía humana individual. Esta es una de las más grandes y obsenas paradojas de nuestro tiempo.
Para las mayorías queda sólo una vaga promesa, cuya única función es alimentar la esperanza y el conformismo. Para las grandes mayorías, la única libertad posible es la de alquilar, financiar y endeudarse para estudiar, curarse o simplemente vivir la ficción de que eso se llama «progreso». Mientras nos distraían con el espantapájaros del comunismo, el capital concentrado avanzaba sobre salarios, viviendas, ahorros, tiempo y expectativas.
Quizás el verdadero enemigo de la propiedad nunca fue ese monstruo ideológico que nos vendieron durante más de medio siglo, sino este capitalismo totalitario que convirtió la propiedad en un privilegio hereditario.
La propiedad privada, una promesa rota
Una cosa es la propiedad como autonomía material, como puede ser tener una casa, un ingreso suficiente, cierto ahorro, herramientas propias y margen para decidir sin que cada mes sea una negociación con la incertidumbre. Pero otra cosa es la propiedad como poder de mando, es decir, poseer activos financieros, tierra urbana, acciones, patentes, plataformas o infraestructura estratégica que permiten influir sobre la vida de otros.
El capitalismo contemporáneo defiende la segunda forma de propiedad con una intensidad casi religiosa y erosiona la primera de manera sistemática. Le habla al trabajador como si fuera un propietario en potencia, pero lo organiza como deudor permanente. Lo invita a venerar un derecho al que cada vez accede menos. Esta es una de las grandes contradicciones del capitalismo actual, que utiliza el lenguaje de la libertad individual para preservar estructuras de dependencia colectiva. La propiedad, presentada como recompensa al esfuerzo, funciona cada vez más como frontera de clase.
Karl Polanyi, en La gran transformación sostiene que el mercado autorregulado no surge de manera espontánea, sino mediante una intensa intervención estatal que reorganiza la sociedad para que tierra, trabajo y dinero funcionen como mercancías. El liberalismo suele narrarse como una retirada del Estado, pero la historia muestra que la expansión del mercado requiere precisamente lo contrario, una profunda ingeniería institucional.
Cuando la vivienda se convierte en activo financiero, el habitante pasa a ser secundario; cuando el trabajo se reduce a un costo, el trabajador se vuelve prescindible; cuando el dinero queda subordinado a la lógica de los acreedores, la vida cotidiana termina organizada por la deuda. Aquí aparece el carácter político de la propiedad. El individuo que compra una vivienda para habitarla y el fondo de inversión que adquiere cientos para extraer renta no ocupan el mismo lugar social, aunque ambos estén protegidos bajo la misma categoría jurídica.
A este fenómeno se lo suele llamar «acumulación por desposesión«, ya que el capitalismo no solo acumula produciendo bienes, sino también apropiándose de recursos, derechos y patrimonios previamente fuera de la lógica de valorización. Privatizaciones, financiarización de la vivienda, endeudamiento masivo de los hogares o transferencia de riqueza pública hacia intereses privados no son anomalías, sino mecanismos centrales de acumulación.
La desposesión contemporánea rara vez aparece como un robo evidente. Suele presentarse bajo nombres más respetables: modernización, eficiencia, disciplina fiscal o estabilidad económica. El lenguaje cumple una función política decisiva porque transforma decisiones que benefician a determinados grupos sociales en aparentes necesidades técnicas o inevitables. Esto significa que la acumulación del capital jamás ocurre al margen del Estado, sino que éste es su principal promotor.
Por eso la promesa de la propiedad privada está rota. El salario ya no garantiza acceso estable a vivienda, ahorro o seguridad futura, mientras que las formas de propiedad que más riqueza y poder generan dependen cada vez menos del trabajo y cada vez más de la renta, la herencia y la especulación. La propiedad privada, en su versión popular, prometía independencia; en su versión rentista, produce subordinación.
De la productividad al mérito, otra promesa incumplida
La promesa capitalista clásica tenía una arquitectura sencilla según la cual si trabajas, progresas y si te esfuerzas, mejoras. Esa promesa ordenó imaginarios sociales enteros. Fue la auténtica pedagogía de la modernidad salarial, que se sintetiza es trabajar hoy para poseer mañana. El problema es que esa promesa ya no coincide con la experiencia material de millones de personas. La productividad aumenta, las empresas ganan y los mercados celebran, pero el salario pierde capacidad de compra de forma constante. La vida cotidiana se llena de eficiencia macroeconómica mientras se vacía de horizonte personal.
Esto quiebra algo más profundo que una variable económica: quiebra la legitimidad moral del mérito, que sólo funciona como relato cuando existe alguna relación razonable entre esfuerzo y recompensa. Si la productividad crece durante décadas y el salario no acompaña, entonces el problema deja de ser individual. No falta disciplina, sobra apropiación. No falta cultura del trabajo, sobra concentración del excedente.
El Economic Policy Institute muestra que desde fines de los años setenta se produjo una divergencia profunda entre productividad y compensación del trabajador típico en Estados Unidos. Durante décadas, la economía estadounidense se volvió más productiva, pero el trabajador medio no capturó proporcionalmente los beneficios de ese crecimiento.
Ese desacople no es una anomalía técnica. Expresa una transformación política. Durante buena parte de la posguerra, el crecimiento de la productividad y los salarios estuvieron más conectados porque existían instituciones capaces de disputar la distribución del excedente, tales como sindicatos fuertes, negociación colectiva, Estados de bienestar más robustos y cierto temor de las élites a la conflictividad social.
La OIT confirma que el problema no se reduce a Estados Unidos. En los países de altos ingresos, entre 1999 y 2024 la productividad laboral creció bastante más que los salarios reales. Incluso en el corazón desarrollado del capitalismo global, trabajar en economías más ricas y productivas no garantiza participar de la riqueza creada. Esta observación es demoledora para el sentido común empresarial, porque durante años se repitió que el salario mejoraría cuando mejorara la productividad. Pero la experiencia histórica muestra que sin conflicto distributivo, sin instituciones laborales, sin regulación y sin poder colectivo, la productividad puede crecer mientras la vida de los trabajadores se deteriora.
El mérito, en ese marco, se convierte en una coartada cruel. Sirve para individualizar un fracaso que fue organizado estructuralmente. Si una persona no llega a fin de mes, se le dice que debe administrar mejor sus gastos. Si encadena dos empleos, se lo presenta como emprendedor de sí mismo. Si está endeudada, se le exige educación financiera. La sociedad fabrica condiciones imposibles y luego convierte cada derrota en defecto moral del individuo. Esa operación ideológica es decisiva. La culpa privada funciona como dispositivo de despolitización.
La imposibilidad de comprar una casa, sostener una familia, ahorrar o tener una vejez digna no aparece de golpe; se cocina durante años en la brecha entre lo que una sociedad produce y lo que devuelve a quienes la sostienen con su trabajo. El trabajador no llega a propietario porque antes fue convertido en variable de ajuste. Su salario financia la rentabilidad ajena y su angustia lubrica la maquinaria de la competencia permanente.
El capitalismo prometió que el trabajo sería el camino hacia la propiedad. Hoy, para millones, el trabajo apenas alcanza para pagar acceso temporal a bienes que otros poseen. La meritocracia ya no organiza una expectativa de ascenso, sino que administra una frustración disciplinada. La escena es obscena porque todavía se presenta como libertad. El mérito sobrevive como religión civil precisamente porque ya no funciona como mecanismo material de movilidad para las mayorías. Cuanto menos cumple, más se predica.
El mercado expropia por contrato
Durante buena parte del siglo XX, tener una casa funcionó como símbolo material de estabilidad, arraigo y autonomía. Por eso su crisis no puede leerse solo como un problema de precios. Es una crisis de ciudadanía material. El capitalismo contemporáneo logró que la casa propia deje de ser principalmente un lugar para vivir, para ocupar un lugar central dentro de los circuitos globales de valorización financiera al ser transformados en intrumentos de inversión, reservas de valor o fuentes de renta permanente.
Esto es la financiarización de la vivienda. Esto permite mostrar que el problema no se reduce a oferta insuficiente o mala planificación urbana, sino que la vivienda se organiza como activo rentable antes que como condición básica de existencia. Cuando esto ocurre, ya no se está priorizando quién necesita vivir, sino qué puede valorizarse. El habitante queda subordinado al rendimiento. Al transformar la vivienda en mercancía financiera global, se debilita su función social. La diferencia no es técnica; es política.
Según Eurostat, entre 2010 y 2024 los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron 53%, mientras los alquileres crecieron 25% y la inflación acumulada fue de 39%. La vivienda se encareció más que el costo general de vida y mucho más que los alquileres. Incluso en países con Estados de bienestar relativamente sólidos, el acceso a la propiedad se convirtió en una fuente estructural de angustia social.
La OCDE permite precisar el drama desde el lado de los ingresos. En sus indicadores de vivienda asequible, considera sobrecargados a los hogares que destinan más del 40% de su ingreso disponible a costos habitacionales. Bajo ese criterio, más de uno de cada tres inquilinos de bajos ingresos en países OCDE vive sobrecargado por el costo de la vivienda. En ese esquema, el alquiler deja de ser una etapa hacia la propiedad y se vuelve una forma estable de extracción. El Harvard Joint Center for Housing Studies advierte que, en Estados Unidos, los precios elevados, las tasas hipotecarias altas y el aumento de otros costos asociados a la vivienda empujaron la compra a niveles históricamente bajos, mientras los hogares inquilinos con sobrecarga de costos alcanzaron niveles récord.
La hipoteca merece una atención especial. Durante décadas fue presentada como puente hacia la propiedad. Pero también opera como mecanismo disciplinario que legaliza la desposesión. La crisis subprime expuso esa realidad con crudeza. Millones de familias perdieron sus viviendas no porque alguien aboliera la propiedad privada, sino porque el sistema financiero convirtió la aspiración de tener casa propia en materia prima para productos especulativos.
La escena posterior a la crisis subprime fue todavía más reveladora. Muchas viviendas ejecutadas fueron compradas por inversores institucionales, convertidas en alquileres y reincorporadas al circuito rentista. Según la Government Accountability Office, hacia 2015 esos inversores poseían entre 170.000 y 300.000 viviendas unifamiliares en alquiler en Estados Unidos. La propiedad salió de familias trabajadoras y entró en grandes carteras inmobiliarias con acceso privilegiado a capital.
Estos datos empíricos confirman la tesis de este artículo. La propiedad privada no fue atacada desde afuera por un enemigo ideológico del capitalismo. Fue reorganizada desde adentro por el propio capitalismo. El sistema defendió el derecho de propiedad mientras permitía que millones perdieran la posibilidad material de ejercerlo. La pregunta central ya no es cuánto cuesta una casa, sino quién tiene derecho efectivo a habitar sin vivir bajo amenaza permanente. El fantasma comunista prometía quitarnos la casa por decreto. El capitalismo financiarizado encontró un método más prolijo haciendola inalcanzable y convirtiendola en deuda o renta.
El caso de América Latina
En América Latina, la crisis de la propiedad privada tiene una historia distinta a la de Europa o Estados Unidos. Allí suele hablarse de la pérdida de una promesa que alguna vez fue alcanzable para amplios sectores sociales. En nuestra región, en cambio, esa promesa siempre fue más limitada, desigual e inestable. La región combina urbanización acelerada con informalidad laboral persistente, déficit habitacional, concentración patrimonial y mercados de crédito excluyentes. La propiedad se presenta como un derecho universal, pero en la práctica funciona como un privilegio segmentado.
Según la OIT, en 2024 la informalidad alcanzaba al 47,6% de los trabajadores de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de la fuerza laboral vive con ingresos inestables y sin protección social adecuada. Sin empleo estable, ahorro o acceso al crédito, la vivienda propia se vuelve una aspiración cada vez más distante.
El BID estima además que el 45% de los hogares de la región no cuenta con una vivienda digna. El problema no es solamente la falta de techo, sino también el hacinamiento, la precariedad constructiva, la ausencia de servicios o la imposibilidad de acceder a financiamiento. Como es habitual, América Latina expone con claridad esa contradicción central del capitalismo contemporáneo en el que el mercado puede expandir el consumo o el crédito, mientras al mismo tiempo reproduce desigualdades, dependencia y exclusión.
Argentina ofrece hoy una versión particularmente extrema de esta dinámica. El gobierno de Javier Milei se presenta como una defensa radical de la libertad económica, el mérito y la propiedad privada. Sin embargo, los indicadores laborales muestran un escenario opuesto, con caída del empleo formal, expansión de la informalidad y deterioro de los ingresos.
Según un informe del Instituto Gino Germani de la UBA, durante el último cuatrimestre de 2025 el 71,1% de las personas ocupadas percibía ingresos por debajo de la Canasta Básica Total. Entre los asalariados informales la cifra llegaba al 90%, y entre los registrados al 59,3%. El dato es contundente: tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. La promesa de ascenso social asociada al empleo pierde sentido cuando incluso quienes tienen empleo formal no logran cubrir sus necesidades básicas.
La misma investigación registra una desformalización acelerada. Entre fines de 2023 y fines de 2025 se destruyeron más de 253.000 puestos formales, mientras la informalidad alcanzó un récord del 48%. Paralelamente, crecieron las formas más precarias de trabajo por cuenta propia. El discurso oficial exalta la iniciativa privada, pero la estructura laboral se vuelve cada vez más inestable.
Los datos de CEPA profundizan el diagnóstico. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas y se perdieron más de 370.000 puestos privados registrados. Construcción e industria manufacturera figuran entre los sectores más afectados, lo que implica no solo pérdida de empleo sino también deterioro de capacidades productivas. Un gobierno «pro capitalista» que, en la práctica, se parece más a un gobierno anti empresa y anti empleo.
La situación juvenil anticipa además el futuro del modelo def Milei. Los menores de 30 años representan el 53% de los desocupados y la informalidad juvenil alcanzó el 60%. Una generación entera ingresa al mercado laboral sin estabilidad, sin perspectivas de acceso a la vivienda y con la normalización de la deuda y el pluriempleo como condición de supervivencia.
En América Latina el miedo al populismo o al socialismo suele utilizarse para bloquear debates sobre salarios, vivienda, regulación económica o protección social. La palabra “libertad” se invoca constantemente, pero casi siempre para defender la libertad del capital, no la de quienes no llegan a fin de mes, no pueden acceder a una vivienda o deben aceptar cualquier condición laboral para subsistir. Esta es la dimensión ideológica del problema.
El experimento libertario argentino revela así una contradicción más amplia: se habla de mérito cuando el trabajo no alcanza para dejar de ser pobre; se celebra la empresa mientras desaparecen empleadores; se promete libertad mientras crecen la informalidad y la inseguridad económica.
Mientras tememos al socialismo, rentamos la vida
La vida se organiza cada vez más alrededor del acceso temporal. Se alquila la vivienda, se financia el auto, se paga por usar software, se trabaja para aplicaciones y se entregan datos a empresas que los convierten en ganancias. La nueva lógica económica nos condena a pagar por cosas que nunca serán nuestras. Quien posee algo puede acumular cierta estabilidad; quien solo accede mientras paga vive expuesto a aumentos, deudas e incertidumbre permanente.
A este fenómeno se lo llama capitalismo rentista. Una economía donde el poder proviene cada vez más de controlar activos y cobrar por su uso. La renta aparece cuando alguien posee un recurso que otros necesitan y puede exigir pagos recurrentes para acceder a él. Así, necesidades básicas como la vivienda, el transporte, la comunicación o el crédito se transforman en fuentes permanentes de extracción de ingresos.
Poseer se vuelve cada vez más difícil, mientras que alquilar, suscribirse o depender de plataformas se vuelve normal. La ironía es evidente. Durante décadas se agitó el miedo a sistemas que supuestamente eliminarían la propiedad privada, mientras la economía real avanzaba hacia formas crecientes de acceso sin propiedad.
Por eso el anticomunismo cumplió, durante tanto tiempo, una función político fundamental para asegurar el despojo programado. Mientras se advierte sobre una amenaza futura que vendría a quitarte lo tuyo, se invisibiliza una realidad presente donde cada vez menos personas pueden adquirir bienes duraderos. El miedo se dirige hacia una hipótesis que nunca se cumple, y la dependencia económica se vuelve natural. Y mientras tememos una expropiación imaginaria, aceptamos la extracción cotidiana.
En América Latina, esta operación adopta nombres que conocemos muy bien: comunismo, socialismo, populismo o estatismo. Muchas veces estas etiquetas sirven para bloquear discusiones sobre salarios, alquileres, impuestos progresivos o concentración económica. Toda demanda popular aparece como sospechosa, mientras las ventajas de los sectores más poderosos se presentan como naturales o necesarias.
La nueva dependencia se presenta con más opciones de consumo, pero menos seguridad material; más plataformas, pero menos control; más discursos sobre libertad, pero más pagos obligatorios para sostener una vida básica. El viejo ideal del propietario se transforma en la figura del suscriptor permanente.
Mientras tanto, el espantapájaros sigue ahí. Comunismo, socialismo, populismo; cualquier palabra sirve para evitar la pregunta central. El problema no es que alguien venga a quitarte tu casa; el problema es que cada vez resulta más difícil llegar a tener una. Si esto es libertad, conviene preguntarse libertad para quién.
La obscenidad como clima de época
Cada época esconde sus contradicciones; aunque la nuestra parece celebrarlas. Admiramos que una persona acumule una fortuna comparable a la de muchos países y convertimos a los multimillonarios en héroes culturales. Sus empresas se vuelven mitología, sus opiniones doctrina y su riqueza una supuesta prueba de que el sistema funciona.
Elon Musk es el símbolo perfecto de este capitalismo. Sin embargo, no importa solo cuánto dinero tiene, sino lo que representa. El problema no es que existan personas ricas, sino que decisiones estratégicas cada vez más importantes dependan de un grupo reducido de actores que no responden a controles democráticos.
Una democracia debería preguntarse cuánto poder puede concentrar una persona antes de convertirse en un riesgo institucional. Cuando fortunas privadas rivalizan con economías nacionales, la cuestión deja de ser económica y pasa a ser política. La obscenidad consiste en presentar esa concentración como libertad. Mientras millones no acceden a vivienda, salarios dignos o estabilidad, la riqueza extrema se exhibe como inspiración colectiva.
Oxfam ha advertido que el crecimiento récord de la riqueza de los multimillonarios vino acompañado de una creciente concentración de influencia política. La riqueza extrema deja de ser sólo un asunto privado cuando comienza a comprar accesos privilegiados, conseguir regulaciones favorables e imponer su propia agenda. Una sociedad donde pocos poseen casi todo y muchos apenas acceden pagando no es una sociedad de propietarios libres, sino una sociedad de dependientes.
Tal vez la herejía más simple sea reconocer que quienes más hablan de defender la propiedad privada suelen defender la propiedad de quienes ya la tienen. Para el resto queda la adaptación permanente y la incertidumbre como regla. El capitalismo no abolió la propiedad privada, pero la mantuvo como ideal y la volvió cada vez más inaccesible en la práctica.
Referencias
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Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity Press.