Georgia aprueba polémica ley contra la «influencia extranjera»
EsDePolitólogos
Posted On 14 mayo, 2024 
El martes pasado, los legisladores de Georgia aprobaron una controvertida ley contra la «influencia extranjera», desencadenando semanas de protestas masivas y críticas sobre su posible impacto en la libertad de expresión y las aspiraciones del país de integrarse a la Unión Europea.
La propuesta, respaldada con un voto de 84-30, provocó una multitud de manifestantes frente al Parlamento que intentaron irrumpir por las barreras metálicas cerca del edificio. La policía reportó detenciones durante el incidente.
Manifestaciones contra la ley
La nueva legislación requerirá que todas las organizaciones de prensa, no gubernamentales o grupos sin fines de lucro, se registren como «agente de intereses de una potencia extranjera» si reciben más del 20% de sus fondos desde el extranjero. Esto ha llevado a críticas de la oposición y la sociedad civil, que consideran que esta medida podría coartar la libertad de prensa y de expresión en el país.
Impacto y justificación gubernamental:
El gobierno argumenta que esta ley es necesaria para contrarrestar lo que perciben como actores extranjeros perjudiciales que intentan desestabilizar a Georgia, una nación del sur del Cáucaso con 3,7 millones de habitantes. Sin embargo, la oposición ha comparado esta medida con la «ley rusa», aludiendo a la represión que sufren los medios independientes, grupos sin fines de lucro y activistas críticos del Kremlin bajo una legislación similar en Rusia.
Reacciones internacionales
La aprobación de esta ley ha generado preocupación a nivel internacional, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. Organizaciones internacionales han instado al gobierno georgiano a revisar esta legislación y garantizar que no se violen los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La aprobación de la ley contra la «influencia extranjera» en Georgia ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la democracia en el país. Mientras el gobierno sostiene que es una medida necesaria para proteger la soberanía nacional, la oposición y la sociedad civil la consideran una amenaza a las libertades fundamentales.
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