La falaz democracia de Javier Milei
Según Human Rights Watch, de las personas que dieron a luz entre los 15 y los 19 años, 9 de cada 10 pertenecen al 30 % de los hogares con menores ingresos. | Foto: El País.
Por Angélica Atehortúa
La criminalización del aborto funciona más a través de su poder simbólico que por su cumplimiento efectivo. El modelo punitivo actual afecta las construcciones sociales en torno al aborto y refuerza los estereotipos negativos asociados con la práctica.
¿Viva la libertad?
Recientemente, el gobierno argentino se ha encontrado en un momento crucial en cuanto a la garantía los derechos de las mujeres. La discusión sobre el derecho a elegir la maternidad ha sido una lucha constante, y resulta incomprensible que después de décadas de activismo, aún se debata si las mujeres deben tener el control sobre sus propios cuerpos.
Esta problemática que afecta a mujeres en todo el mundo está cobrando fuerza nuevamente en Argentina.
Hace tres años, las mujeres argentinas protagonizaron innumerables protestas para lograr la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sin embargo, el reciente proyecto de la Ley Ómnibus presentado por el gobierno de Milei, amenaza con dar un paso atrás en los derechos reproductivos de las mujeres.
Entre las múltiples modificaciones propuestas al código penal, se encuentra la penalización del aborto, solo no condenando la causalidad del riesgo de vida de la persona gestante (Cañas, 2024). Por el momento esta fue derogada, pero el simple hecho de que se haya incluido la temática de criminalización de la IVE es profundamente problemático y preocupante.
En esta columna de opinión, exploraremos las implicaciones de este proyecto de ley y reflexionaremos sobre el impacto que podría tener en la salud de las mujeres argentinas, la garantía de derechos de las mismas y como estos factores influyen en la calidad de la democracia.
Lucha de las mujeres para la despenalización
El periódico La Nueva Mañana establece una línea del tiempo de la lucha por la despenalización del IVE en Argentina, esta comienza desde el Código Penal de 1921, que incorporó causales para que la interrupción del embarazo no fuera punible, hasta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en donde el movimiento feminista ha impulsado esta causa.
En 2003, durante el 17º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, se realizó un taller, una asamblea y una marcha exigiendo la legalización del aborto. Surgió el icónico pañuelo verde, símbolo de la lucha argentina a nivel mundial por el acceso a este derecho.
En 2005, nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que recopiló firmas entregadas en el Congreso de la Nación junto a una gran marcha con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
La Campaña formuló su primer proyecto de ley en 2006 y finalmente, tras años de manifestaciones, en 2020 se consiguió que el proyecto de la despenalización fuera aprobado.
La despenalización
Como lo evidencian los datos oficiales obtenidos por el periódico Página12, en 2022 se realizaron 245,015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud. Además, entre 2020 y 2021, las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13.
Estos números reflejan la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y la relevancia de la ley 27.610 en el país.
Para entender mejor el tema, es crucial considerar las condiciones socioeconómicas. Human Rights Watch presentó qué, de las personas que dieron a luz entre los 15 y los 19 años, 9 de cada 10 pertenecen al 30 % de los hogares con menores ingresos.
Esto evidencia una problemática, puesto que, gracias a niveles de desigualdad, los embarazos adolescentes se presentan en mayor parte en familias con poca posibilidad económica. A partir de esto, se destaca la importancia del factor gratuito de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que, como demuestra esta cifra, sin este factor, en la mayoría de los casos no se podría acceder a un aborto seguro.
El problema de la criminalización de la IVE
La criminalización del aborto funciona más a través de su poder simbólico que por su cumplimiento efectivo. El modelo punitivo actual afecta las construcciones sociales en torno al aborto y refuerza los estereotipos negativos asociados con la práctica.
Las investigaciones penales iniciadas contra personas gestantes por el delito de acceder a un aborto son relativamente pocas, y en raras ocasiones llega a dictarse una condena. La situación de las mujeres que han experimentado abortos involuntarios es compleja y a menudo dolorosa.
Estas mujeres enfrentan no solo el trauma emocional de la pérdida, sino también la penalización punitiva y social que puede acompañar a esta experiencia (Human Rights Watch, 2020).
Desde una perspectiva legal, en muchos lugares, el aborto involuntario no está exento de estigma. Las mujeres pueden sentirse culpables, incluso cuando la pérdida no fue resultado de una elección consciente.
La sociedad a menudo tiende a juzgar a las mujeres que han pasado por esta experiencia. Además, las leyes en algunos países pueden ser insensibles y desconsideradas hacia las personas que han sufrido abortos involuntarios. La penalización punitiva puede llevar a situaciones absurdas, como procesos judiciales o criminalización de mujeres que ya están atravesando un momento de profundo dolor.
En términos sociales, el estigma también puede manifestarse en la falta de apoyo emocional y comprensión por parte de amigos, familiares o colegas. Las mujeres pueden sentirse aisladas y solas en su dolor, lo que afecta su salud mental y emocional.
Las afectaciones de la ley en la calidad democrática en Argentina
La derogación de la Ley Ómnibus es un paso importante, pero no podemos ignorar la posición del presidente en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). No sorprende que se intente nuevamente aprobar esta ley, que propone medidas draconianas en contra del aborto.
La temática de la IVE revela las incoherencias en el discurso “libertario” de Milei. Aunque se defiende la libertad individual y se abogan por tintes “anarcocapitalistas”, se excluye el derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su maternidad y a su vez, sobre su vida y proyectos personales.
Esto plantea una pregunta relevante: ¿el discurso del presidente realmente busca la libertad de todos los argentinos o solo de aquellos a quienes él y la élite consideran con derecho a ejercer su vida libremente?
Milei se presenta como defensor del ideal “cero intervenciones del Estado en la esfera privada y en la vida personal”. Sin embargo, la discusión sobre la derogación de la despenalización del aborto es una incoherencia total. Al proponer que el Estado defina quiénes deben ser madres, independientemente de su voluntad, se contradice con su propia postura.
Para concluir considero que las incoherencias presentadas por dicho gobierno son hipócritas y afectan la calidad de la democracia en Argentina. Dicha democracia es mucho más que un proceso de elecciones populares; también implica el respeto a los derechos civiles y políticos.
Es así qué, proponer una modificación legal que penalice a las mujeres por ejercer su autonomía corporal es sin lugar a duda, antidemocrático. La verdadera democracia no solo se trata de votar, sino también de proteger la diversidad de voces y garantizar la igualdad de derechos para todos.
Al limitar la autonomía de las mujeres en decisiones fundamentales sobre su propio cuerpo, se socava la esencia misma de la democracia y se perpetúa la desigualdad.
Es de vital importancia, recordar que la democracia no solo reside en las urnas, sino también en la protección de los derechos individuales y la inclusión de todas las voces en el debate público (Mainwaring et al., 2001, p. 47).
La lucha por la despenalización del aborto no solo es una cuestión de salud reproductiva, sino también un indicador de la salud democrática de un país. Las voces de las mujeres deben ser escuchadas y respetadas, y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo debe ser protegido sin restricciones ni estigmatizaciones.
¿Cuánto más tenemos que dejar que el Estado decida por nosotras lo que debemos o no hacer con nuestros cuerpos?