La trampa de la autodeterminación de los pueblos

¿La autodeterminación es realmente un derecho de los pueblos o una herramienta geopolítica con doble filo?

Por Zara Guerrero Vergara.

La autodeterminación suele presentarse como un derecho universal e incuestionable, pero su aplicación concreta revela un patrón inquietante: solo se respeta cuando conviene a los poderes internacionales. En nombre de este principio se legitiman democracias, ocupaciones y colonizaciones por igual. 

Introducción

El derecho a la autodeterminación ha sido ampliamente tratado por el discurso internacional como una manifestación legítima de la libertad colectiva. Desde una perspectiva formal, se define como la facultad de los pueblos para decidir libremente su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias externas. Sin embargo, cuando se confronta este principio con su aplicación concreta, surgen contradicciones profundas.

En lugar de operar como una norma clara, la autodeterminación aparece condicionada por factores geopolíticos, disputas históricas y consideraciones estratégicas. Por ello, es necesario hacer una lectura crítica de la autodeterminación como un principio moldeado por contextos de poder. Los casos de Taiwán, Crimea, Palestina y Malvinas demuestran que su aplicación ha sido selectiva y utilizada para legitimar intereses estatales, bloques geopolíticos o narrativas históricas parciales. Este artículo propone revisar no solo su uso político, sino también su dimensión ética, especialmente cuando se invoca en nombre de la democracia o la voluntad popular.

Breve historia del concepto de autodeterminación

La autodeterminación se consolidó como derecho internacional tras la Primera Guerra Mundial, especialmente a través de los “Catorce Puntos” de Woodrow Wilson en 1918. Allí se reconocía el derecho de los pueblos a decidir su destino político. Este enfoque fue central para la reorganización de los imperios europeos y la creación de nuevos Estados en Europa Central y del Este.

Tras la Revolución Rusa de 1917, Lenin proclamó que los pueblos del antiguo Imperio Ruso tenían derecho a decidir si querían formar parte de la naciente Unión Soviética. Esta postura fue reforzada en 1920 por la Internacional Comunista, que planteó que el derecho a la autodeterminación debía ser universal, incluso para las repúblicas dentro de la URSS.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el principio de autodeterminación fue consagrado en instrumentos como los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas. Cobró especial relevancia para los procesos de descolonización en África, Asia y el Caribe. No obstante, su aplicación fue desigual. En Nigeria, por ejemplo, se privilegió la integridad territorial por sobre los intentos de secesión de minorías dentro de las colonias, limitando así su aplicación efectiva.

La Revolución Rusa de 1917 dio nuevas bases políticas al principio de autodeterminación cuando Lenin decretó este derecho para todas las naciones que integraban el extinto Imperio Ruso. Su planteo se basaba en que la Unión de las repúblicas soviéticas tenía que ser potestad voluntaria y democrática de los pueblos.

A pesar de su reconocimiento internacional, el principio de autodeterminación enfrenta múltiples ambigüedades. Una de las principales contradicciones radica en la definición misma de «pueblo». El derecho internacional no ofrece una conceptualización precisa, lo que abre la puerta a interpretaciones políticas según el contexto. Algunos grupos étnicos o minorías que reclaman la autodeterminación no son reconocidos como pueblos por los Estados o las instituciones internacionales.

Además, la autodeterminación ha sido aplicada de forma selectiva. Si bien fue central para los movimientos de descolonización, no ha sido consistente frente a otros conflictos territoriales. Aspiraciones separatistas o demandas sin el respaldo de potencias influyentes suelen ser ignoradas. Esto revela que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación responde más a intereses geopolíticos que a criterios jurídicos o éticos.

Taiwán: ¿democracia vs autoritarismo?

En Taiwán, tras la victoria comunista en 1949, el Kuomintang se retiró a la isla y estableció allí un gobierno en el exilio. El conflicto entre Taiwán y China no es entre dos Estados históricamente separados, sino la prolongación de una guerra civil. Durante décadas, el Kuomintang gobernó con autoritarismo, subordinando a las poblaciones locales. La identidad taiwanesa que hoy se reivindica surgió en tensión con ese pasado, no como un proyecto político autónomo desde el inicio.

Así, sostener que Taiwán merece autodeterminación solo por ser una democracia frente a un régimen autoritario es una visión reduccionista. Esta narrativa omite su pasado represivo y su origen político, condicionado por factores internos chinos. Además, el reconocimiento internacional de Taiwán ha estado mediado más por intereses estratégicos que por principios jurídicos.

Crimea: la creación de la mayoría

Crimea representa uno de los casos más complejos del debate sobre la autodeterminación. Después de su transferencia en 1954 de la República Socialista Federativa de Rusia a la República Socialista de Ucrania, la región pasó a formar parte de Ucrania tras la disolución de la URSS. Sin embargo, su composición demográfica fue alterada previamente por el desplazamiento de los tártaros de Crimea y por políticas de rusificación que establecieron una mayoría rusoparlante. Es decir, el actual apoyo popular a la anexión rusa es real, pero está precedido por procesos históricos que condicionaron la autodeterminación de las minorías desplazadas.

Cuando Rusia ocupó Crimea en 2014, ya existía una base social favorable a ese proyecto, cultivada durante años mediante la integración económica, cultural y mediática con Moscú. La anexión se produjo en un momento de inestabilidad política en Ucrania y fue ratificada mediante un referéndum ampliamente cuestionado, pero que, según diversas encuestas, reflejó un apoyo significativo entre la población local.

Más allá del principio de autodeterminación, Crimea posee un valor estratégico indiscutible. Allí se encuentra la sede de la Flota del Mar Negro, lo que garantiza a Rusia acceso al Mediterráneo y profundidad defensiva frente a la OTAN. Desde el punto de vista occidental, el interés en Crimea está más ligado a frenar la expansión rusa, proteger rutas energéticas y preservar el equilibrio militar regional que a una defensa genuina de la autodeterminación ucraniana.

Malvinas: la persistencia de un conflicto colonial

El caso de las Islas Malvinas representa una disputa territorial poscolonial que no puede resolverse simplemente apelando al principio de autodeterminación. Argentina sostiene un reclamo histórico sobre las islas desde 1833, basado en la sucesión de derechos del período colonial español. El Reino Unido, en cambio, defiende la permanencia de las islas como territorio británico de ultramar, amparándose en la voluntad expresada por sus habitantes. En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes optó por continuar bajo soberanía británica.

De manera similar al caso de Crimea, se cuestiona cómo la población británica llegó a ser mayoría en un territorio ubicado a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. En 1960, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU reconoció la autodeterminación en el contexto de la descolonización. Sin embargo, la Resolución 2065 (XX) introdujo una clave fundamental: reconoció la existencia de una disputa de soberanía y llamó a negociaciones bilaterales.

Esto significa que el conflicto no puede reducirse a la autodeterminación de los actuales habitantes, pues se trata de una controversia derivada de un proceso colonial inconcluso. En este contexto, la población actual de las islas no es considerada un pueblo colonizado con derecho pleno a la autodeterminación, sino una comunidad establecida por la potencia administradora, cuya presencia no debe obstaculizar el proceso de descolonización.

Palestina: autodeterminación sin Estado

El caso de Palestina muestra cómo el derecho a la autodeterminación puede convertirse en una aspiración simbólica cuando no se cuenta con las condiciones materiales y políticas para ejercerlo. Aunque la causa palestina ha recibido amplio reconocimiento internacional y la ONU otorgó a Palestina el estatus de Estado observador en 2012, no ha logrado consolidarse como un Estado soberano.

La autodeterminación palestina enfrenta múltiples obstáculos: la ausencia de poder militar propio, el control israelí sobre fronteras, seguridad, recursos y movilidad, y la fragmentación política interna entre Gaza y Cisjordania. Además, la falta de unidad entre las facciones palestinas ha debilitado su capacidad de negociación. Aun con unidad política, la autodeterminación seguiría siendo improbable sin un respaldo activo de la comunidad internacional.

Este caso ilustra que la autodeterminación no depende únicamente de la voluntad popular, sino de la capacidad de sostener esa voluntad en el plano internacional. En ausencia de condiciones estructurales favorables, la autodeterminación puede convertirse en una promesa frustrada, perpetuando la dependencia y la ocupación.

La ética de la autodeterminación

El principio de autodeterminación se presenta como un derecho universal, pero su aplicación concreta ha demostrado ser profundamente desigual. Los casos analizados —Taiwán, Crimea, Malvinas y Palestina— evidencian que el ejercicio real de la autodeterminación solo se materializa cuando existen condiciones estructurales, respaldo estratégico o poder efectivo, más que por justicia o voluntad democrática.

La autodeterminación, en estos contextos, ha funcionado como un recurso político útil para algunos Estados y alianzas, y no necesariamente como un mecanismo justo y coherente. En ocasiones, puede incluso perpetuar desigualdades históricas, como ocurre cuando mayorías artificiales son creadas a través del desplazamiento o la colonización.

Así, más que asumir este principio como una garantía liberadora por defecto, es preciso repensar la autodeterminación como parte de una arquitectura internacional que requiere transformaciones profundas. Solo entonces podrá dejar de ser una herramienta selectiva del poder y convertirse realmente en una vía legítima para la emancipación de los pueblos.